Se trata de Ricardo Ravelo, quien reveló que Alfaro estaba involucrado con el crimen organizado

México; jueves 30 de diciembre del 2021/agencias.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que solicitará al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, contactar al periodista Ricardo Ravelo, quien ha recibido un presunto hostigamiento por parte del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

“Esto no significa que sea culpable el gobernador, nada más es cumplir con nuestra responsabilidad de proteger a este periodista sin juzgar por anticipado, no se pueden hacer juicios sumarios, hay un proceso legal que debe seguirse, tiene que haber denuncias”, señaló el mandatario.

El pasado 27 de diciembre, el gobernador Enrique Alfaro anunció que interpuso demandas en contra del periodista e investigador Ricardo Ravelo Galó del portal SinEmbargo por supuesto daño moral.

“Fue presentada la demanda por daño moral, estamos solicitando medidas cautelares, no voy a permitir que nadie ponga en entredicho mi fama pública y genere ese tipo de comentarios, simplemente no lo voy a permitir porque lo han intentado muchas veces, me parece una falta de respeto, incluso una falta de ética el hacer este tipo de comentarios, simplemente les diría, están presentadas las demandas por daño mora y estamos solicitando incluso medidas cautelares.”, dijo el mandatario estatal durante una conferencia de prensa.

La declaración del gobernador se dio luego de que el periodista publicó el pasado 17 y 24 de diciembre dos artículos sobre la delincuencia organizada Jalisco, en los cuales apunta una supuesta protección del gobierno de Alfaro a un grupo de la delincuencia organizada.

Sobre este caso, la organización Artículo 19, emitió un comunicado en el cual expresa que “rechaza la amenazas de inicio de acciones legales en contra del reportero y periodista Ricardo Ravelo cometidas por el gobernador de Jalisco”.

“Artículo 19 considera sumamente preocupante que el gobernador pretenda censurar información e inhibir el debate y flujo de información  sobre temas de interés público,pues como funcionario debe garantizar el derecho fundamental a informar y estar informados. Aún peor resulta la utilización de instituciones judiciales y/o administrativas para provocar esa censura, abusando incluso de figuras como las medidas cautelares para intentar bajar notas periodísticas de inmediato y sin resolverse los procesos legales de fondo”, precisa el documento.