Tres años después del terremoto “Miss Mónica” es declarada culpable por muertes en el Colegio Rébsamen

México. Sábado 19 de septiembre del 2020. (Agencias). Hace exactamente tres años, Alejandro Jurado vistió a su hija para ir al colegio. Le puso sus mallas, su blusa, sus cadenitas. Antes de dejarla en clase la mañana del 19 de septiembre de 2017 le pidió que hiciera caso a sus maestras en el simulacro preparado para recordar la masacre del 19 de septiembre de 1985. Ese día, el destino quiso que esa fecha se quedara grabada para siempre en el calendario negro de la capital. Y poco después de preparar a los alumnos —y a miles de trabajadores de la ciudad— para lo peor, sucedió de nuevo una de las mayores tragedias de su historia. El colegio privado Rébsamen, en la alcaldía de Tlalpan, al sur de la capital, colapsó, y bajo sus escombros fallecieron 19 niños y siete adultos. Paola Jurado, de siete años, fue la última víctima mortal en ser rescatada del hormigón. Jurado reconoció sus mallas, su blusa, sus cadenas. Y se prometió no parar hasta conseguir justicia.
La masacre del Rébsamen se convirtió en un símbolo de la tragedia. Aunque las imágenes de terror se extendían por diferentes puntos de la capital dejando a su paso más de 220 muertos, las de los niños atrapados bajo los escombros cimbraron a todo un país. Pronto, como sucede habitualmente en México, los familiares de las víctimas se organizaron para responder a la pregunta básica: ¿Quién fue el responsable? Los relatos de los estudiantes y profesores que sobrevivieron arrojaron desde el principio un dato extraño: el apartamento de la directora estaba en la parte más alta del edificio caída y en una de las puertas de salida del colegio.
Tres años después de lo sucedido, la justicia mexicana les ha dado la razón. La directora de la escuela, Mónica García Villegas, dueña de las instalaciones, había ampliado y construido ilegalmente un piso de más de 230 toneladas que los cimientos no soportaron. En la madrugada de este viernes, tres jueces votaron por unanimidad la condena de homicidio a García Villegas. La Fiscalía ha solicitado una pena de 57 años de prisión por homicidio culposo y la sentencia sobre la pena definitiva se decidirá la semana que viene. En cualquier caso, se trata de la primera y única sentencia por la gran tragedia del país. Una decisión judicial que las familias han recibido como solo “un paso más, firme, pero solo un paso”.
“Lo que queda claro y lo sabemos desde que sucedió, es que García Villegas no pudo haber hecho esto sola. Faltan todavía los demás funcionarios públicos responsables, tanto a nivel local, estatal y federal, que permitieron estas obras. Y desgraciadamente ninguno ha sido ni siquiera señalado. Cerca del Rébsamen hay otro colegio que supera el número permitido de niveles y han puesto y quitado las órdenes de clausura. Es una pena que Tlalpan siga siendo la cuna de la corrupción”, apunta Alejandro Jurado en una entrevista a este diario. Además de Villegas, hay otros dos detenidos por el caso Rébsamen, dos directores de obra que avalaron la construcción, ingenieros encargados de firmar un certificado ante el Gobierno. Pero ningún funcionario de la Administración de entonces ha sido procesado.
El derrumbe del Rébsamen fue polémico desde un inicio. Y García Villegas poco después de las acusaciones en su contra, se dio a la fuga. En diciembre de 2017 una ficha roja de la Interpol dio luz verde para su captura en más de 190 países. Y el nuevo Gobierno de la Ciudad de México, con Sheinbaum al frente, ofreció una recompensa en abril de 2019 de cinco millones de pesos, unos 240.000 dólares. Un mes después, en mayo de ese año, la directora fue detenida mientras comía en un restaurante de Tlalpan.
En la audiencia de este jueves, la acusada insistió en su inocencia: “Antes era Miss Moni, la que ayudaba y la que estaba para todos, ahora me hicieron parecer como la peor persona del mundo”, declaró Villegas entre lágrimas poco después de conocer la sentencia. Por su parte, los abogados de las familias insisten: “La acusada, Mónica García Villegas, construyó en forma indebida, irresponsable y cobarde un piso más desde 2016, que hizo que la estructura se venciera durante el sismo, al no cumplir con todos los elementos propios y necesarios para que pudieran salvaguardar la seguridad de los niños (…) Está acreditado en la acusación del Ministerio Público que la señora sabía que lo que estaba haciendo era ilícito, indebido, irregular, porque no tenía la facultad, no contaba con los permisos, con las autorizaciones para hacerle las modificaciones al inmueble”, apuntó en una conferencia de prensa uno de los abogados de las familias, Enrique Fuentes.
“La sentencia es un avance importante porque tenemos tres años litigando esta historia. Los padres entienden bien que la pena no es una venganza, es una forma de tener acceso a la verdad de lo que sucedió aquel día, qué personas tuvieron que haberlo evitado. Y sobre todo, que no vuelva a suceder, que marque un precedente”, añade en una entrevista a este diario otro de los abogados de las víctimas, Francisco Riquelme. Jurado, padre y representante de un grupo de familias, insiste: “Nos queda claro que la justicia no quedará aquí. Falta que se sancione a mucha más gente”.