Barra de abogados denuncian que la panista veracruzana, Irma Carmina Cortés Hernández, en lugar de interponer denuncia penal contra 400 ex funcionarios del “Cártel de la Gente”, cuando fungió como Fiscal Anticorrupción, optó por irse a trabajar como Magistrada junto con Raymundo García Chávez, uno de los principales operadores y prestanombres del ex gobernador Roberto Sandoval y del narcofiscal Edgar Veytia

Por: Servio Tulio Berumen

Tepic, Nayarit. Miércoles 11 de noviembre del 2020.- Denuncian barras de abogados, que los 30 diputados del Congreso del Estado de Nayarit, que comanda el líder del Congreso, el diputado panista, Leopoldo Domínguez González, están en riesgo de irse todos a la cárcel, ya que a pesar de saber que estaban cometiendo el delito de corrupción y conflicto de interés, “premiaron” con una magistratura en el Tribunal de Justicia Administrativa a la exfiscal anticorrupción del estado de Nayarit, a la veracruzana, Irma Carmina Cortés Hernández, a quien el pueblo de Nayarit, tendrá que pagarle 24 millones de pesos, durante los próximos 10 años que fungirá como Magistrada.

Roberto Sandoval Castañeda. Ex gobernador.


El grupo de jurisconsultos de barras y asociaciones de abogados del estado de Nayarit, hacen un fuerte llamado a los diputados que integran la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado de Nayarit, a que le den marcha atrás a la designación de Irma Carmina, como Magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa, “porque se podrían ir todos a la cárcel por incurrir en los supuestos de corrupción, complicidad, omisión, abuso de autoridad, fraude y quebranto contra las arcas del estado”, aseguran.

Edgar Veytia. Ex Fiscal preso en EU.

¿Y POR QUÉ?

Por la simple y sencilla razón, explican, que hace un año, en el mes de octubre del 2019, fueron al Congreso del Estado, el Fiscal de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce Medrano y la Fiscal Anticorrupción, Irma Carmina Cortés Hernández, a interponer una solicitud de juicio de procedencia o desafuero contra el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Raymundo García Chávez, por haber incurrido en el presunto delito de “enriquecimiento Ilícito”.

Leopoldo Domínguez González. Líder del Congreso


Ese mismo día, señalaron los abogados, Irma Carmina y Petronilo, para convencer a los diputados, entre ellos, Polo Domínguez y el Presidente de la Comisión de Justicia, el panista, Javier Mercado, dieron a conocer un listado del presunto “enriquecimiento ilícito” del exchofer de Roberto, Raymundo García Chávez, siendo el siguiente:
La Fiscalía del Estado, le aseguró: 13 residencias, 29 automóviles, 8 parcelas en el canal Centenario en Santiago Ixcuintla, 2 condominios de lujo en Bahía de Banderas, 400 mil pesos en centenarios y 13 millones 600 mil pesos en cuentas bancarias “NO REPORTADAS” a la Secretaría de Hacienda ni al SAT.
Incluso, por razones que se desconocen, la Fiscalía, se negó a asegurarle a García Chávez, el lujoso hotel de paso llamado: “El Capricho”, que se localiza por el libramiento carretero y el cual tiene un valor de 42 millones de pesos.
Con estos argumentos, los diputados recibieron la solicitud para abrirle juicio de procedencia a Raymundo García Chávez.


Esto fue, dijeron los profesionales del derecho, en el mes de octubre del 2019, sin embargo, a un año de los hechos, resulta que los diputados de Polo Domínguez, en lugar de haber “desaforado” a Raymundo García Chávez, crearon sin justificación legal y presupuestaria alguna, dos nuevas magistraturas dentro del Tribunal de Justicia Administrativa y una de ellas se la “regalaron” de manera por demás sospechosa a la Veracruzana, Irma Carmina Cortés Hernández, a quien el pueblo de Nayarit, tendrá que pagarle 24 millones de pesos, de salario, prestaciones y canonjías, durante los próximos 10 años.

Raymundo García Chávez. Magistrado.


Esto que hicieron los diputados comandados por Polo Domínguez, consideran los abogados, es una sinvergüenzada, es un flagrante delito por el cual aseguraron, “se puede meter a la cárcel a los 30 diputados”.
En primer lugar, explicaron, porque la veracruzana, Irma Carmina Cortés Hernández, incurrió en los delitos graves de corrupción y conflicto de interés, ya que su principal obligación constitucional como Fiscal Anticorrupción de Nayarit, era meter a la cárcel a Raymundo García Chávez, por el presunto delito de “Enriquecimiento Ilícito” de más de 300 millones de pesos en bienes y en dinero depositado en cuentas bancarias que se supone es de los nayaritas, así como a 400 ex funcionarios más del “Cártel de la Gente”, y principalmente a su jefe, el ex gobernador, Roberto Sandoval Castañeda.
Ante todas estas aberraciones cometidas contra las leyes establecidas, los profesionales del derecho, dejaron bien claro lo siguiente:
1.-En primer lugar, la designación de la veracruzana, Irma Carmina Cortés Hernández, como magistrada del TJA, se encuentra viciada de origen, su designación fue una ilegalidad, porque incurrió en los delitos de corrupción y “conflicto de interés”, ya que su obligación como Fiscal Anticorrupción era meter a la cárcel a Raymundo García Chávez y terminó siendo su empleada.


Además, los diputados incurrieron en el delito de: Corrupción, Complicidad, Omisión, Abuso de Autoridad, Fraude y “quebranto contra las arcas del estado”, ya que sin ninguna justificación contable-presupuestal del Secretario de Finanzas, Juan Luis Chumacero, crearon dos nuevas magistraturas en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), por capricho, más que por una necesidad de servicio público a la ciudadanía “Y de esto tenemos pruebas”, puntualizaron los abogados.
Por último, los jurisconsultos de las barras y asociaciones de abogados de Nayarit, advirtieron a los 30 diputados, incluido, el líder del Congreso, el panista, Polo Domínguez, que si no le dan marcha atrás a esta “aberración jurídica” contra la Ley y las arcas del estado, que vayan apartando una celda en el CEFERESO del Rincón, “porque lo que hicieron es una soberana porquería”, concluyeron.