Mientras los servicios médicos no daban abasto por la pandemia de covid-19, en Jalisco muchos recursos se fueron en remodelar un hospital privado, en publicitar a Jalisco como destino de inversión y hasta en pagar conductores y café

México. Viernes 13 de noviembre del 2020.- (Agencias).- Cuando estalló el virus mundial, el estado mexicano de Jalisco se endeudó y recibió dinero federal, pero aún así no protegió a todos los que debía. Mientras los servicios médicos no daban abasto, PODER descubrió que muchos recursos se fueron en remodelar un hospital privado, en publicitar a Jalisco como destino de inversión y hasta en pagar conductores y café, publicó este jueves PROCESO como parte de la investigación que hicieron varios periodistas internacionales.
Asegura el medio informativo que el estado mexicano de Jalisco inyectó 180 millones de pesos –unos 8.7 millones de dólares* – a la restauración del hospital privado Ángel Leaño como una de las medidas de emergencia para la atención de la covid-19. El hospital es de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), otra propiedad de la familia Leaño, al igual que la universidad Unitec, múltiples complejos habitacionales y el centro comercial más lujoso del estado.
En el contrato dice expresamente que la Universidad Autónoma de Guadalajara otorga en comodato al gobierno de Jalisco las plantas baja y del nivel 1 de la Torre Hospital y el estacionamiento para que sean usadas para atender la pandemia. Y esas son las áreas que se remodelaron con el dinero público.
Un médico vinculado a otro hospital de la ciudad, cuyo nombre se reserva porque compañeros suyos que reportaron anomalías tuvieron represalias, explica que lo que resultó grave de esta inversión es que el hospital Leaño, hasta la fecha, no ha atendido pacientes graves de covid-19. “Me consta que no los recibían porque todos los mandaron al (hospital de) Zoquipan donde estuve yo apoyando un tiempo”, dijo
“A todos nos cayó mal la noticia porque hay hospitales, que en realidad necesitan de esa inversión”, dijo. “Un ejemplo son los hospitales civiles viejos y nuevos, en la misma situación está el Zoquipan y necesitaban más esa inversión que un hospital de origen privado que pertenece a los Leaño, lo que resulta sinceramente algo ingrato”.
Estos no son los únicos recursos que destinó el gobierno de Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco para atender la crisis, y que no llegaron a quienes más los han necesitado. La investigación de PODER –que hizo parte de la colaboración transfronteriza Siguiendo el dinero de la covid19, junto con la alianza Guateleaks de Guatemala, Contracorriente de Honduras, el Canal 13 Noticias de Costa Rica y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP)— descubrió que otra parte de los recursos para reforzar la salud ante el nuevo riesgo del SARS CoV-2, se fue en contratar agencias de comunicación para promover campañas de otros temas, agencias de marketing digital, contratar chóferes, servicios de cafetería, almuerzos del personal. Una de las empresas contratadas tenía ya una sanción, y otra hizo parte de la campaña electoral del gobernador.

El Insabi sí llegó
El equipo periodístico comprobó también –por ley de acceso a la información pública, entrevistas y testimonios – que el gobierno de Alfaro Ramírez sí recibió al menos 97.3 millones de pesos mexicanos (4.7 millones de dólares) del nuevo programa federal de atención médica para derechohabientes del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). Esto, a pesar de que el gobernador reiteró en diferentes ocasiones que Jalisco no pediría dichos recursos.
A comienzos de febrero pasado, menos de un mes antes de que el mundo se diera cuenta de la dimensión y el riesgo del virus, Alfaro se alió con otros ocho gobernadores mexicanos de oposición (de Nuevo León, Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, Coahuila, Chihuahua, Michoacán y Tamaulipas), para rechazar los recursos del INSABI. Los gobernadores de partidos políticos opositores al del presidente de Andrés Manuel López Obrador aseguraban que sus entidades podían hacer frente a cualquier riesgo sanitario sin recurrir a la federación, a la que acusaban de centralista.
En discurso público, Alfaro aseguró que la entidad “había logrado defender su autonomía”. Sin embargo, la Emergencia Sanitaria obligó a ocho gobernadores a llegar a un acuerdo con el ejecutivo federal. El primero en negociar fue Jaime Rodríguez (Nuevo León), quien solicitó que el fondo de aportaciones del INSABI incrementara la cobertura en su estado de 1.2 millones de derechohabientes a 2 millones.
Uno tras otro, los demás estados firmaron acuerdos similares, pero el 17 de febrero, Jalisco quedó fuera definitivamente, o al menos así lo anunció Alfaro por las redes sociales, donde sostuvo que Jalisco honraría su compromiso de no adhesión al INSABI. Al fin y al cabo, su estado tiene la cuarta economía más grande del país, comparable con la de muchos países centroamericanos, con un PIB poco mayor que el de Costa Rica y el doble del de Honduras. Pero las cuentas oficiales demuestran que la crítica realidad se impuso y el estado sí recibió recursos del INSABI, aunque no lo publicó en su portal de transparencia.

Las intricadas cuentas para Salud

Además, para hacerle frente al virus y sus consecuencias, la Secretaría de Hacienda Pública de Jalisco adquirió un crédito con la banca privada del BBVA Bancomer por 7,500 millones de pesos (347.2 millones de dólares). Parte de estos dineros fueron a alimentar la partida 4418 denominada “Ayuda para erogaciones imprevistas (pandemia de covid-19), dentro de la Unidad Presupuestal”. A esa partida, reporta el portal de transparencia de Jalisco, se asignaron 3,637 millones de pesos (175 millones de dólares), pero no aclara cuánto corresponde al recurso del programa INSABI.
Sin embargo, no es sencillo, seguirle la pista al dinero destinado a atender las urgentes necesidades creadas por la pandemia. Una cosa dice el portal de transparencia del estado y otra la información obtenida por PODER vía solicitud de información.
Así, Jalisco reporta en su sitio público, que destinó 1,500 millones de los 3,637 millones de pesos a programas del sector salud y sus Organismos Públicos Descentralizados. Pero en respuesta a la solicitud de información, la Secretaría de Salud de Jalisco, informa, con mayor claridad, que en realidad cuenta con 731.7 millones de pesos (unos 35 millones de dólares). Esta cifra fue confirmada a PODER por comunicación social de SSJ.
Esos 731.7 millones de pesos provinieron, según la información obtenida, de tres fuentes principales: 631.5 millones (unos 30.3 millones de dólares) transferidos por Hacienda por la partida 4418; 2.9 millones de pesos (141 mil dólares) de Multas Fiscales, y los ya mencionados, 97.3 millones de pesos (4.7 millones de dólares de ISABI).
De la deuda que adquirieron los jaliscienses de 347.2 millones de dólares para atender la emergencia, existe claridad de que 30.3 millones de dólares se destinaron para financiar a las entidades que sostiene la SSJ, incluidos hospitales públicos y demás organismos públicos descentralizados. Además la SSJ se financió con el dinero de las multas fiscales y con los 4.7 millones de dólares que le transfirió el gobierno federal, mediante el INSABI.

La caja chica y mucho café…

¿En qué se había gastado el dinero la SSJ hasta el 30 de julio de 2020? Lo distribuyó en cuatro áreas: 343.9 millones de pesos (16.6 millones de dólares) en Organismos Públicos Descentralizados; 81.9 millones de pesos en Servicios de Administración (4 millones de dólares); 21 millones de pesos en Comunicación Social (1 millón de dólares); y 9.8 millones de pesos en el Fondo Revolvente (473 mil dólares).
PODER analizó algunos de los 718 contratos de las diversas áreas y encontró que varios, incluido el de la remodelación del hospital Leaño, están lejos de atender la prioridad del momento crítico.
El contrato más importante del Fondo Revolvente (que se suele utilizar a discreción), por ejemplo, es para Vakero Publicidad S.A. de C.V., una empresa de comunicación e impresión, que no está relacionada con la atención a la contingencia sanitaria, considerando que existe un presupuesto determinado para este tipo de contrataciones.