Día con día, aumenta su historial delictivo; surgen más órdenes de aprehensión por desviar recursos federales y estatales, apropiarse de bienes e inmuebles, “lavado”, delitos electorales y nexos con el narcotráfico

México. Jueves 24 de diciembre del 2020.- (Agencias).- Ante la presion del gobierno federal, la Fiscalía General del Estado de Nayarit (FGE) esclareció diversos modus operandi empleados por el exgobernador nayarita Roberto Sandoval Castañeda para desviar recursos federales y estatales y apropiarse de bienes e inmuebles, de la mano de su fiscal Édgar Veytia, quien purga una condena de 20 años en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

Federico Gutiérrez, exsecretario del Trabajo.


También la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció penalmente a Sandoval Castañeda ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto lavado de dinero y presuntos nexos con narcotráfico.
Cuando su sucesor, Antonio Echevarría, asumió la gubernatura del estado, recibió una sentencia por el Juicio Civil Federal 802/12, interpuesto por el gobierno federal, que condena a Nayarit a pagar más de 70 millones de pesos (con intereses) por cartera vencida del Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales del Estado de Nayarit (FIRCAES).

Santiago Nieto Castillo. Titular de la UIF.


El objetivo del FIRCAES es apoyar con financiamiento de bajo costo a emprendedores, mediante recursos de la Secretaría de Economía federal. La sentencia emitida en 2016, meses antes de concluir el mandato de Sandoval, dejó a salvo los derechos del gobierno local para hacer valer las acciones de cobro contra quien resulte responsable.
En consecuencia, el gobierno de Echevarría denunció penalmente por fraude a Sandoval y a todos los exdirectores y administradores del fondo, pues detectó que a personas como Federico Gutiérrez, exsecretario del Trabajo, se les dieron apoyos por 20 millones de pesos sin cumplir las reglas de operación.
Por eso Gutiérrez es uno de los imputados, igual que Lázaro Valerio Esquinca, quien dirigió el FIRCAES en el gobierno de Sandoval y al ser acusado le pidió a la Fiscalía de Nayarit acogerse al criterio de oportunidad y aportar todos los mensajes de PIN de Blackberry que compartió con Sandoval.


Según Valerio Esquinca, se trata de cientos de mensajes de texto en los que su jefe le ordenaba entregar ciertas cantidades a personas de su círculo cercano: desde 10 mil hasta 30 mil pesos. Con esa “operación hormiga” el entonces gobernador financiaba su propia estructura política. El desfalco de fondos federales podría llegar a los 150 millones de pesos.
Fuentes estatales consideran que si el gobierno federal no hubiera interpuesto el juicio civil contra el gobierno estatal para que reintegrara los recursos del fondo fiscal, no hubiera sido posible llegar al juicio penal porque el delito ya hubiera prescrito. En realidad, dice, fueron una serie de “desvíos hormiga” que iniciaron en el gobierno de Ney González y se prolongaron y consolidaron en el de Sandoval.
Despojos y prestanombres
La segunda orden de detención contra Sandoval que obtuvo la Fiscalía es por la falsificación de firmas para despojar al señor Rubén Castillo de 58 hectáreas colindantes con su rancho El Ensueño.


Castillo relata en entrevista: “En 2006 le compré al sindicato de la CTM las 58 hectáreas, pero sólo se podían sembrar 25. Lo demás eran cañadas que se inundaban en tiempo de lluvias y otras partes bajas llenas de pastizal. Invertí 1 millón de pesos en nivelar. En 2011 sembraba maíz semillero para Monsanto, me pagaban 800 mil pesos anuales. Ese año llegó una persona de parte del gobernador Sandoval con un mensaje: ‘El patrón dice que pares, que ya no siembres’.
“Le dije: ‘¿Quién es tu patrón? Porque yo no voy a parar de trabajar, si esto es mío’. Me contestó: ‘Es Roberto Sandoval’. Le respondí: ‘Andas mal, dile a tu patrón que nadie me puede parar’. Y seguí sembrando con tractores aún para Monsanto. Como a las dos horas llegaron dos camionetas de la policía nayarita, se pararon a unos 200 o 300 metros. Enseguida llegó un hijo mío y me dijo: ‘Papá, el gobernador quiere que le rentes’. Le dije: ‘No quiero rentar, quiero trabajar mi tierra’. Me dijo: ‘No, papá, rentemos, porque ya sabe cómo se las gastan, con el peligro de que me levanten a mí o a ti’.
“Ofreció pagarme lo mismo que Monsanto, más 1 millón de pesos por 30 hectáreas ya sembradas y el fertilizante.


“Cuando le faltaba un año para salir del gobierno, Sandoval me transfirió 700 mil pesos. Entendí que era como abono por el millón. Después Hugo, su sobrino, me empezó a presionar para que le escriturara. Le dije que no, que no me había pagado la renta. Cuando me preguntó cuánto quería por la tierra, le dije que lo mínimo 20 millones y dijo que estaba bien. A Hugo lo asesinaron concluyendo la administración de Sandoval.
“Meses después, en un encuentro que tuve con Sandoval en un café de Guadalajara, su abogado me dijo que tenían un documento de compraventa notariado y firmado. Le dije: ‘Si lo tienes es falso, porque yo nunca les he firmado nada’.”
Castillo demandó a Sandoval. Según él, los peritos concluyeron que su firma fue falsificada. Falta el fallo del juez.
Y si bien Castillo se queja de que la Fiscalía protege a Sandoval, fuentes confidenciales aseguran que la fiscalía duda que él “esté diciendo toda la verdad”.
Tanto él como su hijo homónimo y la esposa de éste, quien aparece como propietaria de Pavimento y Triturados Huicot, así como la comisaria de esa firma, ya son investigados por la UIF porque sus nombres figuran en una lista de “prestanombres” en los títulos de cinco inmuebles cuya propiedad se atribuye a Sandoval y a Veytia. Casos considerados de alto impacto porque están relacionados con temas de despojo, extorsión y secuestro.
Uno es un predio de 58 hectáreas ubicado en Costa Canuva, valuado en unos 500 millones de pesos. Allí el presunto prestanombres es Rubén Castillo hijo, pero la propiedad se le atribuye a Sandoval.