Morena busca cambiar el artículo 129 de la Ley de Amparo vigente para evitar que amparos obstaculicen a Pemex y CFE

México. Miércoles 17 de marzo del 2021. (Agencias). En San Lázaro, Morena proponen la reforma contra amparos que obstaculicen a Pemex y CFE. La modificación busca cambiar el artículo 129 de la Ley de Amparo vigente.

Morena también defiende la ley eléctrica del presidente, mientras el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de Energía impugnó la suspensión provisional otorgada por un juez, con la cual se frenaron todos los efectos de la legislación que entró en vigor el pasado 10 de marzo.

En la Cámara de Diputados se subió a la Gaceta Parlamentaria la iniciativa de la morenista Reyna Celeste Ascencio Ortega, quien propone evitar que los juicios de amparo se utilicen para obstaculizar los principios en materia de austeridad republicana, remuneraciones de servicios públicos y el funcionamiento de las empresas productivas del Estado (Pemex y CFE).

La modificación busca cambiar el artículo 129 de la Ley de Amparo vigente para considerar que habría perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público si se conceden suspensiones contra disposiciones o resoluciones “en contra de leyes y resoluciones que tengan por objeto fomentar la operación y funcionamiento de empresas productivas del Estado”.

 “El objeto de esta iniciativa es evitar que el juicio de amparo se utilice para obstaculizar los principios en materia de austeridad republicana, remuneraciones de servidores públicos y el funcionamiento de las empresas productivas del Estado”, se indica.

“La cuarta transformación tiene por objetivo acabar con la corrupción, la “burocracia dorada” y el criminal saqueo en las empresas propiedad del Estado, históricamente los altos salarios, los negocios al amparo del poder y el desmantelamiento de la CFE y Pemex fueron una práctica recurrente por gobiernos anteriores.

“Actualmente hay un nuevo régimen jurídico promovido por la cuarta transformación que tiene como principio acabar con la corrupción y la burocracia de los salarios estratosféricos, por ello se impulsaron las nuevas leyes federales en materia de remuneraciones de los servidores públicos y de austeridad republicana, sin embargo los fines y principios que persiguen estas leyes, están siendo obstaculizados judicialmente a través de la presentación de juicios de amparo y controversias constitucionales, donde se solicita sea suspendida la aplicación de las normas que prohíben que un servidor público gane más que el presidente.

“El mandato del pueblo fue claro en 2018, ya no se quería un “gobierno rico y un pueblo pobre”, pese a ello, algunos funcionarios públicos se han empeñado en conservar sus privilegios y beneficios, por lo que haciendo uso de estratagemas legales y judiciales le apuestan a litigios largos (que a veces duran años), donde mientras tanto gozan de la suspensión del amparo y siguen recibiendo beneficios indebidos. Al efecto podemos citar una porción del Plan Nacional de Desarrollo:

“1.No al gobierno rico con pueblo pobre

“Los robos monumentales de recursos públicos fueron acompañados por el dispendio, la suntuosidad y la frivolidad a expensas del erario y los gobernantes enriquecidos han sido la insultante contraparte de la pobreza de millones. El saqueo del presupuesto y los lujos faraónicos de los altos funcionarios consumieron los recursos que debieron emplearse en el cumplimiento de las obligaciones del Estado para con la población, particularmente con los más desposeídos, y en poner fin a los dispendios con una política de austeridad republicana.

“Por otra parte, ha sido una prioridad acabar con la corrupción, saqueo y desmantelamiento de las empresas estatales propiedad de mexicanas y mexicanos, pero al igual que en el caso del régimen de remuneraciones y austeridad republicana, existe un empecinamiento en obstaculizar judicialmente las medidas de fomento y apoyo que se han emprendido para revitalizar tanto a la CFE como a Pemex; de lo que se trata es de recobrar la Soberanía Nacional en la generación de energía eléctrica y en la explotación de hidrocarburos, pese a ello se ha utilizado como pretexto la supuesta protección al ambiente.

“Es importante señalar que indudablemente existe un derecho de defensa judicial previsto en el Artículo 14 constitucional, bajo el entendido de que nadie puede ser privado de un derecho sin antes ser oído y vencido en juicio conforme a las formalidades esenciales del procedimiento, sin embargo, la suspensión del acto reclamado no constituye una formalidad esencial del procedimiento judicial, sino una institución procesal que tiene por objeto evitar posibles afectaciones, pero que la misma debe estar supeditada al interés público por encima del interés individual.

“En efecto, si se revisa a detalle el artículo 129 de la Ley de Amparo se podrá observar que en todos los supuestos existe un interés superior de la colectividad frente al interés individual, esa es la racionalidad y justificación del porqué no debe otorgarse en tales casos, la suspensión durante la tramitación del juicio de amparo.

“Además, no se debe dejar de considerar que algunas de las personas que han impugnado judicialmente en contra del régimen de remuneraciones y de fomento de empresas productivas del estado, tienen ligas o vínculos con funcionarios judiciales, por lo que al impugnar saben que gozaran de un proceso judicial a modo que se puede alargar, de tal manera que al gozar de la suspensión en lo que se tramita el juicio, virtualmente se mantiene el régimen del pasado, y debe recordarse que el Pueblo votó porque se acabase dicho régimen, ese es el Mandato Popular que inspira a esta iniciativa”, refirió.

La diputada puso de ejemplo que jueces concedieron -hasta el momento que redactó su iniciativa- tres suspensiones contra ley eléctrica.

“El sector privado aseguró que impugnarían la legislación por considerar que es anticonstitucional y hace retroactivos los cambios de la reforma eléctrica del sexenio pasado”, citó.

“La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) dio a conocer que hasta el momento tribunales federales les concedieron, al menos, tres suspensiones con efectos generales contra la Ley de la Industria Eléctrica”, refirió.

“Luego que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman diversas disposiciones y adiciones a la Ley de la Industria Eléctrica, el sector privado aseguró que impugnarán la legislación por considerar que es anticonstitucional y hace retroactivos los cambios de la reforma eléctrica del sexenio pasado”, agregó.

“Como se aprecia, ni siquiera se ha realizado ningún acto de aplicación de la reforma, y como acto reflejo se impugna judicialmente, e igualmente como acto reflejo algunos jueces están otorgando la suspensión sin analizar debidamente si existe un interés público superior que deba privar en la materia”, opinó la legisladora. 

“Con esta iniciativa no se está reduciendo de modo alguno el legítimo derecho de defensa judicial, los que son beneficiarios de la corrupción del pasado y que aún permanecen en la burocracia dorada podrán seguir impugnando judicialmente pero en consideración de esta esta proponente, ya no deben seguir gozando de la suspensión del acto reclamado”, agregó.

Y somete a consideración del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XIV y XV al artículo 129 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

“Único. Se adicionan las fracciones XIV y XV al artículo 129 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 129. …

I. a XIII. …

XIV. Contra disposiciones o resoluciones en materia del régimen de austeridad republicana y remuneraciones de los servidores públicos;

XV. En contra de leyes y resoluciones que tengan por objeto fomentar la operación y funcionamiento de Empresas Productivas del Estado.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por su parte, el senador Ricardo Monreal (Morena) vio viable una modificación a la Constitución -como lo planteó este miércoles el Presidente AMLO-, e incluso adelantó tratar de convencer a la oposición.

“Siempre hay viabilidades, algunas gentes han creído que no se sacaban o que no salían algunas reformas constitucionales y las sacamos. Hay que platicar mucho con ellos (la oposición), a lo mejor los convencemos”, comentó este día.