El ex canciller foxista, exrector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), está acusado por un fraude de mil 500 millones de pesos

México. Viernes 20 de agosto del 2021. (Agencias).- Un juez giró una orden de aprehensión contra Luis Ernesto Derbez, exrector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), por fraude, por la presunta creación de empresas fantasma.

Tras confirmarse la existencia de esta y otras órdenes en contra de gente afín a la Fundación Mary Street Jenkins, la organización aseguró que se trata de una persecución política del gobernador Miguel Barbosa.

La fundación afirmó que Barbosa tiene a su alcance la fabricación de órdenes de aprehensión con el aparato que está a su disposición desde el Gobierno de Puebla.

Indicó que todo obedece a un mecanismo de presión para desviar la atención sobre el tema de fondo: la evasión al cumplimiento de la suspensión que ordena la devolución del campus de la UDLAP.

Universidad de las Américas Puebla

Las órdenes de aprehensión surgen a días de que el Poder Judicial hizo un llamado a los jueces involucrados en la toma de las instalaciones de la Universidad de las Américas y que se niegan al cumplimiento de la suspensión que ganó la fundación.

Por tal motivo, la organización indicó que denunciará el caso ante el Consejo de la Judicatura a los litigantes involucrados con los jueces 24 y 60 civiles de la Ciudad de México, para que investigue su proceder, vínculos y complicidades.

“Esta suspensión ha sido violada de forma reiterada e ilícita a través del contubernio entre los despachos de los abogados Roberto Gil Zuarth, exsenador del PAN y compañero de escaño de Miguel Barbosa; Rodrigo Gurza, quien se ostenta como apoderado legal de la FUDLAP, y el abogado Guillermo Barradas, vinculado a otros litigios irregulares en los que intervinieron también los jueces 24 y 60 civiles de la CDMX”, indicó a través de un comunicado.

La organización apuntó que la queja será un elemento importante en la revisión que realiza el Dr. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), respecto a los sistemáticos atropellos en contra de los integrantes de la familia Jenkins de Landa y sus abogados, que desde 2018 fueron exonerados por la hoy FGR, sobre diversos señalamientos que generan un doble juzgamiento, violatorio de nuestra Constitución.