Están acusados de entregar sobornos  para la aprobación de la reforma energética 

México; martes 24 de agosto del 2021/agencias.- La Fiscalía General de la República (FGR) tiene perfilada una imputación por los delitos de asociación delictuosa y cohecho, en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por los sobornos que entregó el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, para aprobar la reforma energética, de acuerdo con el diario Reforma.

La imputación llega luego de que en abril pasado, la FGR consiguiera la vinculación a proceso del exsenador panista, Jorge Luis Lavalle Maury, por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero, un fallo que fue ratificado en junio por el magistrado José Alfonso Montalvo.

“(Peña y Videgaray) forman parte de una asociación de hecho, cuyos efectos son visibles en la República Mexicana, entre abril de 2013 a agosto del 2014, con el propósito de realizar diversas conductas delictivas”, enuncia la imputación de la FGR contra Lavalle.

El lunes pasado Reforma reveló que la FGR investiga a Ricardo Anaya, por presuntamente recibir sobornos de Emilio Lozoya y fue citado a una audiencia de imputación el próximo jueves a las 10:00 horas.

Los ex senadores y actuales gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, y de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, también están implicados en el caso.

Una pieza clave en las acusaciones es Rafael Caraveo, ex secretario particular de Lavalle, quien se convirtió en testigo protegido de la FGR y ha atestiguado sobre los sobornos del ex director de Pemex.

En noviembre pasado, se informó que cuando la FGR intentó infructuosamente obtener la orden de aprehensión contra Videgaray, planteó en su solicitud que Enrique Peña Nieto eventualmente podría ser responsable de cohecho y traición a la patria.

El 12 de abril, en la audiencia de imputación de Lavalle, los fiscales federales delinearon ya una lista de otros 7 ex funcionarios que habrían sido parte de una asociación delictuosa y dos por cohecho.

En agosto de 2020 Reforma reveló que, al menos, desde 2002 el panista Jorge Luis Lavalle era socio de Rafael Caraveo.

Con base en el Registro Público de Comercio de Campeche -de donde ambos son originarios-, Lavalle y Caraveo constituyeron el Consorcio Comercial Cazela, S.A. de C.V., el 13 de noviembre de aquel año.

Caraveo es uno de los personajes que aparece en el video difundido en Youtube contando y recibiendo fajos de billetes.

El ex senador Jorge Luis Lavalle -quien pertenecía a Acción Nacional pero fue expulsado en 2018- fue señalado por el ex titular de Pemex Emilio Lozoya de haber recibido sobornos a cambio de impulsar la aprobación de la Reforma Energética del expresidente Enrique Peña Nieto.

Diez años después, como senador de la República, Lavalle llevó a la Cámara alta a Caraveo y lo colocó como secretario técnico de la Comisión de Administración que él presidía.

De acuerdo con el documento que da cuenta del registro de ese consorcio, Caraveo figuraba como miembro del Consejo de Vigilancia.

El pasado 4 de mayo, el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México, le negó a Jorge Luis Lavalle la suspensión provisional contra la prisión preventiva justificada que le había impuesto un juez de control con sede en el Reclusorio Norte.

Por ello, el exfuncionario permanece privado de la libertad mientras dura su proceso. Los cargos contra el ex legislador se relacionan con actos de corrupción para la aprobación de las llamadas reformas estructurales en el gobierno de Enrique Peña Nieto, por supuestamente haber recibido sobornos con recursos provenientes de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la constructora brasileña Odebrecht.

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En su demanda de amparo, el panista argumentó que la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta afecta o daña irreparablemente a sus cuatro hijos, pero no sólo eso, argumentó que solicitó la suspensión definitiva porque, a su juicio, se trata de un caso excepcional, por presentar un “trastorno mental” que le impide permanecer privado de su libertad.

En ese sentido, el impartidor de justicia respondió que es improcedente concederle la medida cautelar, ya que “no se observa alguna circunstancia de la cual pudiese advertirse una situación afectatoria a la integridad física o emocional de sus hijos”.

A finales de julio de este año trascendió que la FGR aún no llamaría a comparecer a Peña Nieto para que declare sobre los presuntos sobornos de su gobierno a legisladores para la aprobación de la reforma energética.

Así lo da a conocer el diario Milenio, que señala que la decisión de la FGR se dio en respuesta a la defensa del exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury, que solicitó la declaración del expresidente mexicano. Lavalle es el único detenido relacionado con la denuncia de hechos presentada por Emilio Lozoya en junio del año pasado.

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La defensa de Lavalle también solicitó el testimonio de una docena de actores políticos que aparecen en la declaración de Lozoya Austin. Es el caso del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y los excandidatos presidenciales en 2018, José Antonio Meade (PRI) y Ricardo Anaya Cortés (PAN).

“Para el debido desahogo de las entrevistas solicitadas es necesario que se les informe a todas las personas requeridas por esta defensa que existen señalamientos expresos en su contra por parte del denunciante”, señaló la defensa de Lavalle el pasado 23 de febrero.

Sin embargo, el Ministerio Público de la Federación (MPF) argumentó que aún no “es el momento procesal oportuno” para que estas personas rindan su declaración.