*La nueva Ley de Juicio Político obligará a los congresos locales a acatar las decisiones de la Cámara de Diputados en materia de desafueros

* También esta nueva Ley contempla que cualquier ciudadano nayarita tendrá un plazo de siete años, -hasta el 2028- para “refundir” en la cárcel al gobernador, Antonio Echevarría García

Por: Servio Tulio Berumen

Tepic, Nayarit.- Viernes 03 de septiembre del 2021.- El gobernador, Toño Echevarría García, NO TIENE ESCAPATORIA, prácticamente, se encuentra condenado a pagar por sus fechorías en la cárcel del CEFERESO del Rincón, ya que la nueva LEY FEDERAL DE JUICIO POLÍTICO Y DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA, es una “ratonera”, un “callejón sin salida” que mandará a la cárcel, por lo menos, a 10 gobernadores “prianistas” por desviar recursos federales, incurrir en defraudación fiscal y endeudar brutalmente a las arcas públicas de sus estados. 

Entre estos gobernadores, se encuentran; Francisco Javier García Cabeza de Vaca de Tamaulipas; Diego Sinhue de Guanajuato; Enrique Alfaro de Jalisco; Silvano Aureoles de Michoacán; Jaime Rodríguez “El Bronco” de Nuevo León y Antonio Echevarría García de Nayarit, que juntos rebasan más de la mitad de los desvíos de recursos públicos federales detectados por la ASF.

NUEVA LEY FEDERAL DE JUICIO POLÍTICO Y DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA.

La nueva ley, además de contener nuevos lineamientos para su procesamiento, entre otras cosas obliga a los Congresos locales a acatar las decisiones de desafueros del Congreso federal y evitar que se repitan casos como el del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

DESAPARECE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Con el voto en contra de la oposición del PAN, PRI, MC y PRD, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta nueva Ley Reglamentaria de los artículos 108, 109, 110, 111 y 112 de la Constitución, y eliminaron la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, “por obsoleta y porque genera ambigüedades, conflictos normativos y otros problemas de aplicación. 

CONGRESOS LOCALES “ACATARÁN” DESAFUEROS DEL LEGISLATIVO FEDERAL CONTRA GOBERNADORES.  

En el artículo 35 de la nueva ley, se establece que “por lo que respecta a las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, a quienes se les hubiere atribuido la posible comisión de delitos federales, la declaración de procedencia que al efecto dicte la Cámara de Diputados se remitirá a la legislatura local respectiva, para que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda en estricta observancia de lo decretado en definitiva por la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos erigida en jurado de procedencia 

SE ROMPE CON EL ORDEN DE PRELACIÓN

Propone también que la Sección Instructora de la Cámara Baja, encargada de dictaminar la procedencia de los desafueros, rompa con el orden de prelación de como hayan sido presentadas las solicitudes de juicio de procedencia y aumenta de 4 a 5 su número de integrantes para evitar que existan empates.

AMPLIAN EL PLAZO DE 1 A 7 AÑOS PARA INICIAR JUICIO POLÍTICO CONTRA GOBERNADORES 

Además, se realizan modificaciones respecto al juicio político: se amplía el plazo en que puede iniciarse un procedimiento de JUICIO POLÍTICO después de la conclusión del encargo del gobernador o de otro funcionario de primer nivel, pasando de 1 a 7  años

AUMENTA INHABILITACIÓN DE 10 A 30 AÑOS

Otra de las propuestas que fueron aprobadas dentro de esta nueva Ley de Juicio Político; es que se aumenta la duración de la inhabilitación que puede imponerse como sanción de 1 a 20 años para quedar en mínimo de 10 años y máximo de 30 años.

SEPARACIÓN INMEDIATA DEL CARGO

El artículo 35 de la nueva ley indica que “si la Cámara de Diputados declara por mayoría absoluta de sus miembros presentes en la sesión que ha lugar a proceder contra la persona imputada, ésta quedará inmediatamente separada de su empleo, cargo o comisión y sujeto a la jurisdicción de los tribunales competentes para que actúen con arreglo a la ley”.

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Este artículo también sostiene que, en caso de que la Cámara decida no proceder penalmente a la persona imputada, “no habrá lugar a procedimiento ulterior, sin embargo, esto no impedirá que el procedimiento penal inicie o continúe su curso cuando el servidor público haya concluido sus funciones en el cargo”.

CUALQUIER CIUDADANO PODRÁ DEMANDAR JUICIO POLÍTICO CONTRA EL GOBERNADOR.

Respecto al procedimiento político, el artículo nueve refiere que “cualquier ciudadano podrá formular por escrito denuncia contra una de las personas servidora pública de las comprendidas en el primer y segundo párrafos del artículo 110 constitucional”.

Por último, hay que señalar, que los diputados federales de Morena y sus aliados, esperan combatir con mayor efectividad la corrupción en las entidades federativas, cuyos principales promotores son los gobernadores, por lo que no se descarta que en cuanto se promulgue esta ley, empezarán a caer los gobernadores “PRIANISTAS” como fichas de dominó y entre ellos, se encuentra el gobernador de Nayarit, Toño Echevarría García.