*Junto con el Magistrado del Tribunal de Justicia, Benito Solís, su hija, Diana Elizabeth Solís Becerra y el exsecretario del Trabajo, Ernesto Navarro González, fue denunciado por el Sindicato del SITEM de Joel Murgo Huerta y Mónica Guillermina Rodríguez Salazar, ante la Fiscalía por los delitos de: Abuso de Autoridad, Ejercicio Indebido de Funciones, daño contra el erario público, Usurpación de Funciones, Coalición de Servidores Públicos, Tráfico de Influencias, Peculado y Desvío de Recursos Públicos

*Designación del titular del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, Juan Antonio Sandoval Villegas desde el gobierno toñista carece de sustento legal

Por: Servio Tulio Berumen

Tepic, Nayarit.- Sábado 16 de octubre del 2021.- De acuerdo a denuncia penal, altos funcionarios del gobierno de Toño Echevarría, entre ellos, el exjefe de Asesores Jurídicos del Gobierno de Toño Echevarría y actual Magistrado del TSJ, Benito Solís Ortega y el extitular de la SETRAPRODE, el empresario, Ernesto Navarro González, podrían irse 15 años a la cárcel y sin libertad bajo fianza por haber asignado presuntamente cargos “fantasma” a funcionarios, sin expedir nombramientos oficiales y sin que dichos cargos hayan existido dentro del organigrama del gobierno estatal.

Las fuentes afirman que el famoso Magistrado del Poder Judicial del Estado, Benito Solís Ortega y el empresario perredista, Ernesto Navarro González, causaron un presunto desfalco millonario contra las arcas públicas del estado y un espantoso fraude contra decenas de sindicatos y patrones cuyas sentencias dictadas a favor en cientos de juicios laborales “CARECEN DE VALIDEZ LEGAL Y SON NULAS DE TODO DERECHO”.

De acuerdo a la ampliación de la denuncia penal presentada el pasado 2 de septiembre ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por parte de

Mónica Guillermina Rodríguez Salazar, lideresa sindical del DIF por parte del Sindicato del SITEM de Joel Murgo Huerta, se denunció que entre los funcionarios “balines” que cobraron ilegalmente más de 6 millones de pesos, se encuentran:

El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, Juan Antonio Sandoval Villegas y la Secretaria General de Acuerdos de dicho Tribunal, la Licenciada, Diana Elizabeth Solís Becerra.

Quienes durante los cuatro años del Gobierno de Toño Echevarría, estuvieron firmando cientos de sentencias laborales derivadas de juicios de sindicatos contra sindicatos o trabajadores contra patrones o contra las  dependencias del gobierno del estado y los municipios, cuyas SENTENCIAS LABORALES resultaron ser “chapulines”, falsas, INEXISTENTES y NULAS DE TODO DERECHO.

¿Y por qué?

Porque en los juicios laborales que presentaron el dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado y Municipios (SITEM), Joel Murgo Huerta y la lideresa del SITEM-DIF, Mónica Guillermina Rodríguez Salazar, contra el exdirector del DIF-Estatal, Abel Orozco García y la excoordinadora de Recursos Humanos del DIF, Betsy Guadalupe Rico Casillas, se descubrieron las siguientes irregularidades:

GRAVES DELITOS DE LAS AUTORIDADES LABORALES.

En el punto 18 de la ratificación de la denuncia penal contra exfuncionarios del DIF-Estatal, se descubrió lo siguiente: “Es de cabal importancia señalar, que el Lic. Juan Antonio Sandoval Villegas, Presidente Arbitro del Tribunal de Conciliación, al admitir a trámite de solicitud en procedimiento PARAPROCESAL y abrir el expediente 11/20, incurre en una grave irregularidad que en la Ley Laboral Burocrática para el Estado de Nayarit vigente: NO EXISTE REGULACIÓN PARA ESTOS PROCEDIMIENTOS”.    

NO EXISTE ACTA QUE AVALE NOMBRAMIENTO DEL CARGO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN

De la misma manera, se señala en la denuncia penal, existen graves irregularidades, pues en primer término el Lic. Juan Antonio Sandoval Villegas, Presidente Arbitro del Tribunal de Conciliación, si bien cuenta con un nombramiento que le otorgan los integrantes del Pleno del Tribunal que actúan colegiadamente, NO EXISTE acta de Instalación del Pleno en donde en sesión realizada lo hayan nombrado para tal cargo, y, para tal acto, los representantes sindicales que integran el pleno deben acreditar y dejar plasmado en dicha acta –con las constancias respectivas- que las organizaciones sindicales que representan están debidamente constituidas.

En segundo término, denuncian Murgo y Mónica Guillermina, la Licenciada, Diana Elizabeth Solís Becerra, quien firma como Secretaria General de Acuerdos, y quien autoriza y da fe de los actos jurídicos del Tribunal, NO CUENTA CON UN NOMBRAMIENTO QUE LA ACREDITE COMO TAL.

Es decir, que Diana Elizabeth Solís Becerra, fue impuesta en el cargo por su propio padre, el exjefe de asesores jurídicos del gobierno de Toño y actual Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Benito Solís Ortega, quien sin darse cuenta cometió la peor estupidez de su vida ya que mandó correr a la anterior Secretaria General de Acuerdos del Tribunal para poner a su hija, Diana Elizabeth Solís Becerra, pero, nunca se imaginó que dicho cargo NO EXISTÍA DENTRO DEL ORGANIGRAMA DEL TRIBUNAL, fue un cargo que inventó un alto funcionario del gobierno de Roberto Sandoval Castañeda, para MANTENER CON DINERO DEL GOBIERNO A SU AMANTE.

Lamentablemente, este inocente acto de corrupción, se convirtió en una verdadera DESGRACIA para el prepotente Magistrado del TSJ, Benito Solís Ortega, quien por regalarle un cargo “fantasma” y un sueldazo a su hija, Diana Elizabeth Solís Becerra, podría mandarla DIRECTAMENTE 15 años a la cárcel y sin libertad bajo fianza por los graves delitos cometidos.

Lo mismo pudiera suceder con el actual Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, Lic. Juan Antonio Sandoval Villegas, quien podría ser castigado con 15 años de cárcel y sin libertad bajo fianza, por haber ejercido el cargo durante cuatro años, sin tener un nombramiento oficial, ya que NO EXISTE acta de Instalación del Pleno en donde en sesión realizada lo hayan nombrado para ejercer tal cargo.

Cabe señalar, que el Lic. Juan Antonio Sandoval Villegas y la Lic. Diana Elizabeth Solís Becerra, además de ser castigados con 15 años de cárcel, tendrían que reintegrar a las arcas públicas alrededor de 6 millones de pesos, más intereses, del dinero que cobraron ilegalmente durante cuatro años en el cargo.

Y en cuanto a la sentencia penal, podrían acumular hasta 100 años de cárcel, debido a que todas las sentencias laborales que dictaron y firmaron durante 4 años quedarán sin efectos jurídicos, serán causa de NULIDAD, por lo que en cuanto se enteren los demás sindicatos y patrones, podrían llover cientos de denuncias penales en su contra.

ERNESTO NAVARRO Y EL MAGISTRADO, BENITO SOLIS, EMBARRADOS HASTA LAS MANISTAS

Quiénes, también están embarrados hasta las manitas en estos escandalosos hechos de corrupción, son el exsecretario de la SETROPRODE, Ernesto Navarro González y el exjefe de Asesores Jurídicos del Gobierno de Toño y actual Magistrado del TSJ, Benito Solís Ortega, por participar en estos aberrantes actos de corrupción y quebranto financiero contra las arcas públicas del gobierno estatal.

ESTE ESCÁNDALO DE CORRUPCIN LE “TRONARÁ” A NAVARRO Y A LOS DIPUTADOS, POR RATIFICAR A ESTAS MANZANAS PODRIDAS.

Lo más increíble de todo esto, es que este y otros escándalos de corrupción alcanzarán al gobierno de Miguel Ángel Navarro Quintero, quien cometió el error de ratificar en el cargo a “10 manzanas podridas” del gobierno de Toño,  entre ellos:

A Petronilo en la Fiscalía; Benito en la Secretaría de Seguridad Pública; Juan Antonio y Diana Elizabeth en el Tribunal de Conciliación, así como al Director de Notarías Públicas, al Director del Registro Público de la Propiedad y al Director de Catastro Estatal, quienes están acusados de estar involucrados en la regularización ilegal de 2 mil terrenos “robados” en los municipios de Bahía de Banderas, Compostela y San Blas, cuyo escándalo no tarda en “tronar”.

¿Y quién es el magistrado, Benito Solís Ortega?

Se desempeñó como Jefe de Asesores Jurídicos del exgobernador, Toño Echevarría, quien lo impuso como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia para defender los intereses del Grupo “Álica”, ganando un sueldazo de $183 mil 505 pesos 54 centavos, mensuales más que el Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Denuncian fuentes al interior del Tribunal de Justicia que Benito Solís es prepotente con las mujeres y su proclividad tiende a la corrupción y  le gusta tomar vinos caros para presumir su poderío económico ante los demás.

Los cuatro funcionarios “toñistas” por los delitos cometidos podrían pagar con 15 años de cárcel y sin libertad bajo fianza por ejercer durante cuatro años un cargo “inexistente” o “fantasma”, donde cobraron por lo menos 3 millones de pesos cada uno de ellos, 6 millones en total.