El colectivo Uka Niuwame dirigido por Mayela Ruiz Madrazo sostiene con evidencias ante el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), que van 1,200 “desapariciones forzadas” en Nayarit: 600 en el gobierno de Sandoval y; 600 más se las achacan al gobierno de Toño Echevarría 

Por Servio Tulio Berumen 

Tepic, Nayarit; jueves 28 de abril del 2022.-Aunque parezca una broma, chiste o vacilada, los exgobernadores de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, Toño Echevarría García y sus exfiscales, Edgar Veytia y Petronilo Díaz Ponce Medrano, respectivamente, podrían alcanzar penas de 72 mil años de cárcel por su presunta responsabilidad del delito de Mil 200 desapariciones forzadas en Nayarit, denunció la Presidenta de la Asociación Civil “Uka Niuwame”, Mayela Ruiz Madrazo. 

A éste respecto, revela, la luchadora social, que el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), se niega a reconocer oficialmente las 1,200 desapariciones forzadas que van del 2013 al 2021 en Nayarit. 

De las cuáles, detalla, 600 desapariciones forzadas corresponden al periodo del exgobernador, Roberto Sandoval Castañeda y su narcofiscal, Edgar Veytia; y las 600 desapariciones forzadas restantes, se las achacan al exgobernador, Toño Echevarría García y a su exfiscal, Petronilo Díaz Ponce Medrano. 

A éste respecto, señala, que el artículo 30 de la Ley 

General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, establece: una pena de 40 a 60 años de cárcel a los superiores jerárquicos (Gobernadores y Fiscales de los Estados), que cometan el delito de “Desaparición Forzada de Personas”. 

Por lo tanto, si multiplicamos la pena máxima de 60 años por cada una de las 1,200 “Desapariciones forzadas”  nos da como resultado que los exgobernadores, Roberto Sandoval Castañeda, Toño Echevarría García y sus ex fiscales, Edgar Veytia y Petronilo Díaz Ponce Medrano, respectivamente, alcanzan una pena acumulada de ¡72 mil años de cárcel!, repito: ¡72 mil años de cárcel!. 

Es decir, 18 mil años de cárcel a cada uno de ellos; por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de 1,200 desapariciones forzadas, más una multa de 9 millones 600 mil pesos, es decir, 2 millones 400 mil pesos por cada uno de los 4 presuntos responsables. 

En cuanto a los policías estatales y policías de investigación de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, que hayan obedecido órdenes de Benito Rodríguez y Petronilo Díaz Ponce Medrano, para ocultar, desechar, incinerar, sepultar, inhumar, destruir o desintegrar con ácido, total o parcialmente los restos de un ser humano o el cadáver de una persona, con el fin de ocultar la comisión de un delito, se les impondrá de acuerdo al artículo 37 del Capítulo Quinto de los delitos vinculados a desapariciones de personas, una pena de 15 a 20 años de prisión por cada una de las desapariciones forzadas y una multa de mil hasta mil 500 días p/c una de ellas. 

¿Y por qué la Ley responsabiliza a los gobernadores, fiscales y ministerios públicos por el delito de desapariciones forzadas?, preguntamos a Mayela Ruiz Madrazo, a lo que respondió: 

De acuerdo al artículo 29 del Capítulo Tercero de la Ley de Desaparición forzada de Personas, “Los superiores jerárquicos (Ministerio Público, Juez, Magistrado, Fiscal o Gobernador del estado), serán considerados autores del delito de desaparición forzada de personas en los términos de lo previsto en la legislación penal aplicable. 

DE 40 A 60 AÑOS DE CÁRCEL A GOBERNADORES Y FISCALES POR “DESAPARICIÓN FORZADA”. 

En cuanto al castigo a gobernadores y fiscales de las entidades federativas, que incurran en el delito de “desaparición forzada”, la Presidenta de la A.C. “Uka Nuiwame”, señala, que el artículo 30, establece que “Se impondrá pena de cuarenta a sesenta años de prisión, y de diez mil a veinte mil días multa a las personas que incurran en las conductas previstas en los artículos 27 y 28. 

¿Y QUÉ DICEN LOS ARTÍCULOS 27 Y 28? 

El artículo 27, dice que: “Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público (Ministerio Público, Juez, Magistrado, Fiscal o Gobernador del estado), prive de la libertad en cualquier forma a una persona.    

Artículo 28. Al servidor público, o el particular qué con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público (Ministerio Público, Fiscal o Gobernador del estado), oculte o se niegue a proporcionar información sobre la privación de la libertad de una persona o sobre el paradero de una persona detenida, u oculte a una persona detenida en cualquier forma se le impondrá la pena prevista en el artículo 30.