Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluye que los 31 científicos habrían aclarado transferencias La Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESA), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su informe anual sobre la situación de estos derechos en cada país integrante.  

En el capítulo de México, en el apartado de Educación, ciencia, tecnología: libertad académica y autonomía universitaria, la REDESA expresa su “profunda preocupación” por la investigación de la Fiscalía General de la República contra los 31 científicos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C.

La REDESA afirma estar enterada que se le acusó al grupo de académicos por los delitos de delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y peculado por la “presunta” presunta organización criminal conformada por exintegrantes del Conacyt y de la Mesa Directiva del Foro, para “transferir recursos del Conacyt al foro de manera ilegal”. Sin embargo, destaca que los 31 científicos habrían aclarado que las transferencias se realizaron de acuerdo con la normativa:

“Ante estos señalamientos, la Relatoría Especial observa que las personas imputadas habrían aclarado que todas las transferencias que se realizaron fueron hechas con base a la normativa vigente como parte de las investigaciones que se realizaron, y presentaron balances positivos en su gestión”, se lee en el informe.

La Relatoría sostiene que las instituciones académicas son importantes para “la construcción de Estados plurales, democráticos y diversos”, por lo que es necesario garantizar “el libre ejercicio de investigación siendo el derecho penal o punitivo usado como última instancia, analizando con especial cautela, el dolo, las características del daño causado y otros elementos que pongan de manifiesto la necesidad de utilizar el sistema penal”.

La REDESCA también dice sentir preocupación por “la insistencia la insistencia en las solicitudes de órdenes de aprehensión en contra de los investigadores por parte de la FGR, tomando en cuenta que las mismas han sido rechazadas en dos oportunidades por los tribunales” y que los 31 científicos no hayan sido “debidamente informadas de los motivos por los cuales se les estaba investigando”. 

El pasado 8 de marzo, se dio a conocer que a finales de ese mes vencía el plazo para solicitar una tercera orden de aprehensión contra los 31 científicos.

El caso de los 31 científicos

En septiembre de 2021 se dio a conocer que el Conacyt, presidido por María Elena Álvarez-Buylla, había iniciado procesos penales en contra de 31 miembros de la comunidad científica, pues el 10 de julio de 2020 Rosenda Cruz Vixtha, apoderada legal del Conacyt, presentó una denuncia ante el Ministerio Público.

En esa denuncia, Cruz Vixtha acusó a los científicos de cuatro delitos: Coalición de Servidores Públicos, Uso indebido de atribuciones y  facultades, Uso ilícito de atribuciones y facultades y Peculado. Sin embargo, los dos primeros delitos fueron cambiados por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Delincuencia Organizada, por decisión de la Fiscalía que encabeza Alejandro Gertz Manero, quien a pesar de haber sido rechazado por inconsistencias en su producción científica, en esta administración pudo ingresar al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) por decisión de una Comisión Especial Dictaminadora que presidió Ernesto Villanueva.  

Tras la denuncia, la FGR abrió un expediente y con la información que recabó, solicitó en dos ocasiones que se giraran órdenes de aprehensión para que los miembros de la comunidad científica fueran recluidos en el Centro de Justicia Penal Federal del penal del Altiplano, Estado de México, considerado un penal de máxima seguridad, donde se encuentran recluidos Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, uno de los fundadores de La Familia Michoacana, y José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, presunto líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.  

En ambos casos, un juez negó las órdenes de aprehensión, aún así, la FGR indicó el 22 de septiembre de 2021 que “se volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan”.  

El 26 de abril, Julio Scherer retomó el caso de los 31 científicos en su denuncia contra Alejandro Gertz Manero como ejemplo de una de las “vendettas” que el Fiscal ha realizado en funciones.