Empiezan a salir nombres de dirigentes sindicales que presuntamente están inmiscuidos en actos de enriquecimiento ilícito, personas que tienen hasta 3 plazas de tiempo completo y algunos que son choferes y ganan 70 u 80 mil pesos mensuales de pensión, denunció el secretario de gobierno, Juan Echeagaray

Por Verónica Ramírez

Tepic, Nayarit;  viernes 10 de junio del 2022.- Se abre la “caja de pandora” en Nayarit   comienza a brotar nombres de ex funcionarios y dirigentes sindicales inmiscuidos en presuntos actos de enriquecimiento ilícito y a través de redes sociales circulan listas de presuntas propiedades de los involucrados en este tipo de delitos.

Así lo señaló, el Secretario General de Gobierno quien indicó que las autoridades anticorrupción y a propia fiscalía tiene la “caja” que contiene un sinnúmero de acto ilegales presuntamente cometidos por delincuentes de cuello blanco

“Quienes nos  dedicamos  a la actividad pública estamos sujetos al escrutinio social. A mí se me señalaba que tengo una pensión de 30 mil pesos, si es cierto, yo duré 32 años en la universidad impartiendo clases diario, me gané mi pensión”, aclaró.

Y toda esa información se  debe transparentar porque  la sociedad quiere y tiene el derecho de conocer como lo que sucede al interior de algunas áreas educativas o de gobierno donde algunos personajes tienen hasta  tres salarios.

“Yo tengo mi pensión que me la gané por años y ahorita trabajo como  funcionario y gano mi salario,   eso es lo que se debe de transparentar con la sociedad, no tener dos o tres salarios, había tres tiempos completos de ocho horas, que se preguntaba uno y ¿a qué horas duerme?”, remarcó Juan Echeagaray.

En el magisterio igual,  hay personas que han sido choferes y que ganan los más altos niveles y reciben pensiones arriba de 70 u 80 mil pesos mientras que los pobres maestros que por más de 20 años han asistido cotidianamente  a escuelas apartadas de los centros de población en la sierra, ellos si tienen derecho a una pensión pero no en las condiciones que reciben los llamados privilegiados. 

El encargado de la política interna dejó en claro que a los funcionarios públicos los pueden revisar hasta diez años más adelante para que acrediten que los ingresos obtenidos coincidan con su patrimonio.