La Juez de amparo le ordenó al juez de control, volver a analizar la denuncia y los argumentos de Realidades y con base en ellos, determinar si la contratación de publicidad que hicieron los funcionarios del gobierno de Toño con la sociedad de la cual el exgobernador era socio mayoritario, fue indebida o no 

También le ordenó determinar si la Fiscalía fue omisa en recabar los datos de prueba, para esclarecer si los hechos constituían delito de ejercicio indebido de funciones y encubrimiento 

Finalmente, el juez de amparo le ordena al juez de control, reabrir la investigación para que la fiscalía practique todas las diligencias para esclarecer los hechos presuntamente delictivos 

A pesar de que el exgobernador Antonio Echevarría, se jactaba de haber acabado con “el chayote”; este aumentó el presupuesto de publicidad de 50 a 75 millones de pesos anuales, siendo presuntamente destinado en su mayoría, para sus empresas de medios: periódicos radio y televisión 

Por: Justino Rodríguez 

Tepic Nayarit, lunes 26 de junio del 2022.- En los años 2018 y 2019, REALIDADES DE NAYARIT EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL PROGRESO, presentó denuncias en contra de los integrantes del comité de adquisiciones de gobierno del estado de Nayarit, porque se consideraba estaban llevando a cabo una contratación indebida para favorecer al entonces gobernador Antonio Echevarría García, su jefe, conducta que podía ser constitutiva del delito de ejercicio indebido de funciones o lo que resultara, previsto y sancionado por el artículo 242 fracción VIII, inciso d, del Código Penal para el estado de Nayarit. Desde luego, también se presentó denuncia en contra del propio gobernador Antonio Echevarría García, como el destinatario final de los recursos públicos provenientes del delito imputado a sus subalternos. 

En las denuncias antes señaladas,  se explicó de forma clara y sencilla por que se consideraba que los subalternos del gobernador, Juan Luis Chumacero Díaz, exsecretario de finanzas, Juan Carlos Organista Espinoza, exdirector de Comunicación Social, Guillermo Pérez Fernández, José Jesús González Villalobos, Sergio Ponce Medrano, Angélica María González Chávez, José Guadalupe Campos Hernández, entre otros los cuales   estaban administrando presuntamente de manera ilegal los recursos públicos  del rubro presupuestal de publicidad oficial y comunicación social  para favorecer a los medios de comunicación que pertenecían a sociedades de las que  ANTONIO ECHEVARRÍA GARCÍA, formaba parte, o era socio mayoritario, como era el caso, de la COMPAÑÍA EDITORIAL ALPESOR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, que es propietaria, imprime o distribuye los diarios, MERIDIANO DE NAYARIT, MERIDIANO BAHÍA, MATUTINO GRAFICO. Lo que se estimaba una contratación indebida.

Se explicaba en las denuncias y solo por citar  un mero ejemplo, que las fracciones I Y II, del artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del estado de Nayarit, prohíbe TAJANTEMENTE llevar a cabo cualquier contratación que suponga un beneficio para el titular del ejecutivo, sus familiares consanguíneos dentro del cuarto grado o sus socios, no obstante la prohibición los funcionarios denunciados que dependían de Antonio Echeverría García, realizaron cientos de contratos para favorecerle, a través de diversas empresas y medios de comunicación de los que su jefe era socio. Principalmente con la empresa antes señalada denominada COMPAÑÍA EDITORIAL ALPESOR S de R.L., DE LA CUAL ANTONIO ECHEVERRIA GARCÍA, era nada menos que socio mayoritario, de ahí que se estime un presumible hecho de corrupción, de muchos que se cree ocurrieron en la administración próxima pasada.

Entonces si una determinada contratación está prohibida por la ley, llevarla a cabo supone un actuar indebido de los funcionarios que la realizaron y esa conducta se estima delictiva que encuadra en la hipótesis prohibida por el delito de ejercicio indebido de funciones del artículo 242 fracción VIII, inciso D, del Código Penal para el estado de Nayarit, que textualmente señala:

ARTÍCULO 242.- Comete el delito de ejercicio indebido o abandono de funciones, el Servidor Público que:

VIII. El que sin estar facultado para ello o estándolo, indebidamente otorgue: d) Realice o contrate obra pública, deudas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, colocaciones de fondos y valores con recursos económicos públicos, y

Ahora bien, esta denuncia la presentó el medio de comunicación, Realidades de Nayarit, en virtud de que como proveedores de publicidad oficial que prestaba sus servicios para dicho ente de gobierno y que cumple los requisitos para ser proveedor, como inscribirse al padrón respectivo de proveedores y pagar los derechos de inscripción, no estar impedido como en este caso lo estaba la moral COMPAÑÍA EDITORIAL ALPESOR, eso entre otros requisitos, desde luego si el proceso de selección de proveedores no respetó la ley  eso perjudica a los demás proveedores, en este caso a este medio de comunicación quien era un de los proveedores, debido a que la asignación ilegal de los recursos a los proveedores que no pueden ser elegidos, (como en este caso los medios de los cuales el gobernador era socio) reducen los ingresos de los proveedores que si cumplen los requisitos, de ahí que exista un vínculo directo entre la conducta ilegal que se cree llevaron a cabo los funcionarios y la reducción de los ingresos de los demás medios de comunicación como este diario, de ahí que los actos ilegales le causaron un perjuicio directo.

Estos contratos indebidos, suponen un beneficio económico que puede ser calculado fácilmente,, ya que es un hecho público y notorio, que el presupuesto anual para publicidad y comunicación social del estado de Nayarit, era ordinariamente un poco más de  50 millones de pesos anuales, sin embargo durante el gobierno de Antonio Echevarría García, se aumentó a más de 75 millones de pesos, si estimado lector, leyó usted bien, se aumentó en un 50%, lo que resulta contradictorio, ya que saliéndome un poquito del tema, le recuerdo a usted, que el gobernador anterior, a lo largo de toda su gestión, no dejaba de declarar y repetir  en medios de comunicación que no había dinero en su administración que el gobierno estaba tronado, y ese era su pretexto favorito para justificar cuando muchas veces no les pagó ni a los burócratas, no entregó los apoyos, prestaciones, desapareció la beca universal, no entregó uniformes y útiles escolares  entre muchas otras cosas, y fíjese usted, es una realidad jurídica, que la Ley del Presupuesto de egresos contempla que para el caso de que no haya recursos suficientes, en primer orden se deben reducir los gastos superfluos como los de publicidad y comunicación social, y después otros gastos de gobierno, todo esto buscando no afectar los programas sociales y servicios públicos, no obstante en la administración de  ANTONIO ECHEVERRIA GARCÍA, se afectaron todos los servicios y programas sociales y la publicidad no solo no se redujo, si no que se aumentó  50%,¿ inexplicable? Tal vez no tanto, ya que esto refuerza la versión que circula, en el sentido que durante su gobierno nunca hubo dinero y recursos para la gente, solo para sus propias empresas para el Grupo Álica, al que se le consideraba  como una  gran y eficiente aspiradora del presupuesto estatal, insisto esto es solo una versión usted puede decidir creer o no, los que saben dicen que dicha versión se irá consolidando en los días por venir, con los procesos que dicen se iniciaran contra este funcionario el futuro no lo sé.

ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA DE PETRONILO DÍAZ PONCE

Como le estaba diciendo, luego de las denuncias que se presentaron contra “Toño y sus funcionarios” ¿qué posición cree usted que adoptó la Fiscalía ante dichas denuncias?, bueno yo sé que usted ciudadano seguro piensa lo mejor y tal vez tenga razón, yo le voy a platicar poquito de mi de nuestra percepción del proceso a continuación:

“La Fiscalía General del Estado de Nayarit, no realizó ninguna investigación tendiente a esclarecer los hechos, al contrario trató de obstaculizarla y de quitarse de encima dicho asunto, no obstante que se le pidieron con toda oportunidad y precisión los actos de investigación que faltaban,  la fiscalía no hizo nada, concretamente la agencia de delitos de alto impacto, a cargo de la licenciada ELVIA LUDMILA HEREDIA VERDUGO, quien exhibió un total desinterés por esclarecer los  hechos, (desinterés por decirlo cortésmente), algunas veces resulta incomprensible como es que se les paga a algunos funcionarios con el dinero de los contribuyentes por hacer tan deficiente trabajo, en perjuicio de los intereses sociales.” Se insiste esto es una mera apreciación de esta parte”.

Dicha funcionaria, determinó el no ejercicio de la acción penal en contra del exgobernador y sus entonces funcionarios, mismo que fue oportunamente combatido, ante juez de control,  mediante el recurso innominado que contempla el artículo 258 del Código nacional de procedimientos penales, sin embargo, como era de esperarse también, la situación no fue muy distinta ante el juez de control del  fuero común,  ya que en la audiencia respectiva, el juez en opinión de esta parte, actuó de manera totalmente parcial, sin atender ninguno de los planteamientos hechos valer por el representante legal de este medio de comunicación, y desde luego permitiendo al ministerio público que alterara el procedimiento para hacer valer argumentos novedosos que ni siquiera podían ser objeto de debate, de hecho ni quiera se molestó en hacer comparecer a Toño y sus exfuncionarios,  mostrando como el proceso se altera de en beneficio de los más poderosos, pero  eso si, les permitió tener ahí abogados que los representaran,  situación que la ley  no permite para un ciudadano común y rápidamente sin hacer ni el más mínimo estudio de los  planteamientos de la recurrente, determinó confirmar el no ejercicio de la acción penal, favoreciendo con ello a los imputados y el entonces gobernador en funciones. 

Desde luego esto, como ya se dijo desde la óptica de esta parte, si usted quiere sacar sus propias y mejores conclusiones de la actuación del funcionario judicial, lo invito a ver la audiencia respectiva, por ser de interés público como es que se administra justicia en temas de corrupción, le dejo el link aquí abajo. 

A u d i e n c i a 

Pero finalmente luego del viacrucis que representa la actuación parcial y absurda de algunos funcionarios de la fiscalía y jueces del poder judicial del estado de Nayarit, Contra la determinación del juez de control, se promovió amparo indirecto que le correspondió el número 404/2021-II, bajo el índice del  juzgado primero de distrito de amparo en materia penal, a cargo de la jueza  INGRID ANGELICA CECILIA ROMERO LÓPEZ, quien fue nombrada titular de dicho juzgado, a finales del año próximo pasado, la que concluyó luego de analizar el amparo promovido por esta casa editorial, que lo procedente era conceder el amparo y amparar a Realidades de Nayarit, para que el juez siguiera los lineamientos que ella estableció y en su sentencia, donde entre otras cosas consideró que fue indebido que el juez de control concluyera que no había ningún delito que investigar, por lo tanto no debió validar el no ejercicio de la acción penal dictado por la fiscalía del estado de Nayarit, de hecho en su resolución le ordena reparar varias violaciones, a dicho juez y emitir una nueva resolución donde si valore los argumentos planteados por la Realidades, y donde analice si la fiscalía recabó o no las pruebas suficientes para poder determinar si se estaba o no en presencia de un delito a cargo de los denunciados. 

Con esta resolución de amparo, la cual se espera sea validada por la superioridad, implica que uno de los asuntos para combatir la corrupción de los funcionarios de la pasada administración sigue vivo, será en días próximos cuando de quedar firme se obligue al juez que se estima parcial a actuar conforme a derecho.

A continuación, se deja la sentencia de amparo que se le concedió a Realidades