La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), da la razón a Periódico Realidades y a su reportera Verónica Ramírez, de ejercer la libertad de expresión con notas críticas al desempeño de funcionarias y funcionarios 

Se sienta un histórico precedente que evitará se abuse del concepto de violencia política contra la mujer en razón de género, ya que se valida la legitima critica en torno al desempeño que realizan las mujeres en los diversos cargos públicos 

Por: Justino Rodríguez 

Tepic, Nayarit; lunes 4 de julio del 2022.- El trece de abril de dos mil veinte el Congreso de la Unión llevó a cabo una reforma integral a diversos ordenamientos en materia de violencia política en razón de género, con la finalidad de implementar las medidas apropiadas para eliminar la discriminación y la violencia contra la mujer en la vida política y pública del país. Dicha reforma configuró un nuevo diseño institucional para la protección de los derechos fundamentales de las mujeres, con una relevancia trascendente dada las dimensiones de la violencia política perpetrada en su contra, con motivo de lo anterior se crearon diversos mecanismos para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en diversos ámbitos, el político no fue la excepción, así surgió el concepto de violencia política contra la mujer en razón de género. 

Ante la nueva realidad legal, existía incertidumbre respecto de lo que se podía decir o no en torno a la actividad de las funcionarias públicas que de manera más frecuente ocupan puestos y cargos de poder en la administración pública, incluso el concepto antes referido se ha utilizado para acallar criticas del papel que realizan las funcionarias con relación a su desempeño en los cargos públicos.

Antecedentes del caso.

En este contexto social y normativo, sucedió que una exconsejera del Instituto Estatal Electoral Del Estado De Nayarit, presentó denuncia el día 14 de julio del 2021, contra el entonces representante del PRI ROBERTO LOMELÍ MADRIGAL y otras personas fueron denunciados por hechos ocurridos el 14 de mayo del 2019 que la denunciante consideró como actos de violencia política de género en su perjuicio, así también, en su denuncia dicha consejera estableció que con motivo de los hechos había sido expuesta en diversos medios de comunicación, entre ellos este diario lo que también consideraba lesivo de sus derechos. A su Denuncia se dio trámite dentro del procedimiento especial sancionador, que se llevó a cabo por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del instituto Nacional electoral (UTCE) que fue el órgano encargado de realizar la investigación para determinar si se cometieron o no las conductas denunciadas por la entonces consejera.

Luego de diversas investigaciones realizadas por la UTCE, se ordenó emplazar al procedimiento al medio de comunicación REALIDADES DE NAYARIT EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL PROGRESO,  y su reportera, Verónica Ramírez Ruiz, con motivo de la nota publicada el día 15 de Mayo del 2019 titulada “ZAFARRANCHO EN EL IEEN”, nota donde se relataban los hechos acontecidos que posteriormente darían lugar a la denuncia, y donde se expresaron algunos calificativos cuestionando la actuación pública de la entonces consejera del IEEN.

Luego de concluida la investigación, el asunto fue resuelto en definitiva por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial De La Federación, con sede en Guadalajara Jalisco, la cual consideró como responsables a todos los denunciados de cometer violencia política de género en contra de la denunciante y por esa razón se les condenó.

Contra dicha condena el licenciado Lenin Rodríguez Villanueva, quien llevó la defensa del medio de comunicación Periódico Realidades y de la periodista Verónica Ramírez, impugnó la sentencia mediante el recurso de revisión del que conoció la Sala Superior del Tribunal Electoral De Poder Judicial de La Federación con sede en La ciudad de México, donde se analizaría en última instancia si efectivamente como lo había considerado la sala regional todos los denunciados debían ser condenados o no, por cometer violencia política de género en contra de la denunciante. Dicho recurso culminó con el dictado de la sentencia de fecha 1 de junio del 2022 y en la que se determinó absolver únicamente a los denunciados PERIÓDICO REALIDADES DE NAYARIT Y LA REPORTERA Verónica Ramírez Ruiz, quedando firme para el resto de los denunciados, es decir, que la condena subsistía para Roberto Lomelí Madrigal y su partido PRI.

Se sienta un importante precedente.

Esta sentencia se considera relevante porque garantiza y reafirma el derecho a la libertad de expresión y de cuestionar y criticar el trabajo que realizan nuestros funcionarios y funcionarias públicas, garantizando y propiciando un ambiente de igualdad y paridad de géneros, pero sobre todo establece límites claros y márgenes dentro de los cuales puedan coexistir tanto los derechos a difundir ideas y opiniones así como a difundir información (libertad de expresión) así como los derechos de las mujeres a vivir y disfrutar de una vida libre de violencia. 

En efecto, en la sentencia que se acompaña a la presente nota periodística, la sala superior estableció una serie de argumentos que reflejan y refrendan el compromiso de las autoridades para garantizar la libertad de expresión, parafraseando solo en lo medular, dicha sala superior señaló que cuando se esté en una situación en la que pueda existir tensión entre el referido derecho de libertad de expresión y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, se debe analizar cuidadosamente cada caso concreto, considerando, entre otras cuestiones, que la libertad de expresión (y de prensa) debe protegerse no sólo respecto a manifestaciones inofensivas, sino también en respecto de aquellas que puedan ofender o resultar ingratas y/o perturbadoras, aun y cuando se difunda información y opiniones que incluyan  cierta dosis de exageración, incluso provocación, lo que puede incluir expresiones chocantes, molestas, que generen inquietud o disgusto. Y, precisamente, cuando se está ante este tipo de expresiones es cuando la protección de la libertad de expresión resulta más valiosa, cuando se refiera a servidoras y servidores públicos los márgenes de tolerancia se ensanchan y, por lo tanto, están expuestas a un mayor escrutinio público, incluido el de los medios de comunicación, entre ellos la prensa escrita, por lo tanto en los casos en que se alegue violencia política de género y esté en juego la libertad de expresión o de prensa, se deberá analizar y determinar si se está ante expresiones que actualicen dicho supuesto infractor, o bien se trate de una crítica dura y hasta de mal gusto, pero amparada por la libertad de expresión. 

Que se debe considerar violencia política de género.

Dicha sala superior señaló básicamente que las expresiones, ya sean notas o artículos, podrían constituir VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LA MUJER EN RAZÓN DE GENERO, cuando: hagan uso de un lenguaje sexista, misógino o machista. – Que se basen en estereotipos de género, o bien que busquen reforzar dichos estereotipos de género; y, – Que tengan un impacto diferenciado en las mujeres. 

  1. se dirija a una mujer por ser mujer; 
  2. ii. tenga un impacto diferenciado en las mujeres y 
  3. iii. afecte desproporcionadamente a las mujeres

Al final la sala superior absolvió a Realidades y su reportera porque consideró que 

conforme a los criterios de esta Sala Superior en el tema que nos ocupa, no se detecta que lo relatado en la nota periodística en cuestión haya afectado los derechos político-electorales de la entonces consejera, puesto que las críticas plasmadas en ella se enmarcan dentro de las cuestiones implícitas al ejercicio de un cargo, en tanto que lo que acontece en un órgano público que resuelve temas de interés público (como son los electorales) reviste relevancia periodística y, por tanto, suele ser materia de exposición y análisis en los medios de comunicación. Asimismo, cabe destacar que las mujeres también pueden y deben ser cuestionadas respecto de sus aptitudes en el ejercicio del servicio público.

Sin duda este importante precedente en lo sucesivo deberá normar e ilustrar el camino para un legal y legítimo ejercicio periodístico en torno a la función y el papel que desempeñan las servidoras públicas.