Esta decisión tiene lugar después de que la Asamblea General de Naciones Unidas pidiera a la CIJ, a petición palestina, pronunciarse urgentemente sobre el “estatus legal de la ocupación” y “anexión” de territorios palestinos por parte de Israel.

En una resolución aprobada con 87 votos a favor, 26 en contra y 53 abstenciones, la ONU solicitó así a la corte internacional que exprese su opinión y medie en el conflicto palestino-israelí.

Las medidas comprenden la “incautación” de casi 40 millones de euros en concepto de recaudaciones de impuestos que el Gobierno israelí efectúa en nombre de las autoridades palestinas.

Otra sanción también prohibirá a la Autoridad Palestina el uso del dinero recaudado para las familias de los individuos acusados por Israel de cometer atentados terroristas en 2022.

En lo que se refiere al resto de sanciones, Israel ha decidido paralizar la construcción de viviendas palestinas en el área C de Cisjordania, bajo control israelí, y la eliminación del tratamiento de dignatarios para los responsables palestinos implicados en la petición ante la CIJ.

Asimismo, los ministros del Gobierno israelí han aprobado la aplicación de futuras medidas contra aquellas organizaciones en Cisjordania que “promuevan actividades terroristas”, entre ellas que actúen “bajo el disfraz de la actividad humanitaria”, según las conclusiones recogidas por el ‘Times of Israel’.