Así, el Tribunal de Distrito de Kumamoto ha fallado que las víctimas deben ser compensadas con 22 millones de yenes (unos 155.000 euros) por los daños y perjuicios provocados al aplicar dicha legislación, según informaciones del diario ‘The Japan Times’.

Uno de los demandantes fue diagnosticado con osteoartritis cuando era niño y fue sometido a una operación sin su consentimiento para retirarle los testículos. Asimismo, otra demandante sufrió una esterilización tubárica tras un aborto cuando tenía poco más de 20 años.

Más de una decena de tribunales de todo el país se encuentran actualmente analizando casos similares. Previamente, al menos siete cortes desestimaron las demandas y descartaron indemnizaciones, si bien otras cinco consideran que la ley en cuestión era inconstitucional.

Entre 1948 y 1996, la normativa permitió practicar esterilizaciones forzosas a criminales, pacientes con enfermedades hereditarias, discapacidades y afecciones psicológicas.