La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de cuentas de dos alcaldes de Jalisco por su presunta relación con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las que pertenecen a Eduardo Cervantes Aguilar, Alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, y de la Presidenta Municipal de El Grullo, Mónica Marín.

La UIF declaró que el bloqueo forma parte de una investigación por operaciones financieras sospechosas que no coinciden con el perfil de ingresos que los funcionarios perciben. Además, estas acciones se enmarcan dentro del Operativo Agave Azul.

“Eduardo Cervantes se encuentra en medio de varios problemas luego de que Giovanni López fuera asesinado por policías municipales el 4 de mayo”.

Además, de acuerdo con los primeros reportes, no es la primera vez que el Alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos es señalado por tener presuntos vínculos con organizaciones criminales.

En 2015, fue investigado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada por una supuesta relación en la venta de armas a civiles. Asimismo, el nombre de Cervantes Aguilar estuvo en una lista de personas ligadas a las autodefensas michoacanas.

El pasado 13 de junio, la dependencia a cargo de Santiago Nieto también congeló las cuentas bancarias de diversos Ayuntamientos del estado de Jalisco, entre estas, Ixtlahuacán y El Grullo. Sin embargo, la Unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ya habría ordenado su desbloqueo.

Durante las últimas dos semanas, diversas empresas y personas físicas han presentado demandas de amparo en contra de las medidas ordenadas por la UIF, coincidentemente varias de ellas aparecen como proveedoras de autoridades municipales, sobre todo en materia de infraestructura.

Hace una semana, la Unidad de Inteligencia Financiera informó del bloqueo de mil 939 cuentas bancarias presuntamente relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita, mil 770 de ellas personas físicas y 167 empresas.

EL CASO DE GIOVANNI LÓPEZ

Giovanni fue detenido el pasado 4 de mayo con violencia por policías, según un video que fue difundido en redes sociales. Luego de que las grabaciones fueran difundidas, cientos de personas se manifestaron en calles de Jalisco para exigir justicia por la muerte de López. Resultando en diversos daños tanto a inmuebles, vehículos y personas. Incluso, fueron detenidas varias personas señaladas por alterar el orden.

La familia del hombre afirma que fue detenido por no llevar cubrebocas frente a la pandemia de COVID-19, algo que ha negado la Fiscalía estatal y el Gobernador Alfaro.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) concluyó el 11 de junio que hay elementos para acreditar que a Giovanni fue ejecutado de manera extrajudicial.

“A través de este informe especial se acreditó que la violación a los derechos humanos de la seguridad jurídica en su modalidad de garantías judiciales y vertientes de formalidades esenciales del procedimiento, presunción de inocencia, y libertad personal, así como en su modalidad de principio de legalidad, y de la vida y dignidad, permiten confirmar que la privación de la vida de Alejandro Giovanni López Ramírez se traduce en una ejecución extrajudicial por parte de los elementos de seguridad pública municipales”, determinó en un comunicado.