De aprobarse la iniciativa de MORENA en la cámara de Senadores, aquellos gobernadores y funcionarios del INE, IEEN y Consejeros Ciudadanos que solapen acarreos, uso de dinero sucio y uso de recursos públicos en las campañas, serán castigados de 5 a 22 años cárcel
Por: Servio Tulio Berumen
Tepic, Nayarit.- Viernes 19 de junio del 2020.- Los tiempos de los “virreyes” y la imposición del sucesor para tapar sus raterías de gobierno han llegado a su fin en Nayarit, ya que si el Gobernador, Toño Echevarría García, los partidos políticos y los “mapaches” recurren a la vieja práctica del fraude electoral en las próximas elecciones del 2021, serán castigados desde los 5 a los 22 años de cárcel y con multas que van de 1,500 a 7,500 veces el valor diario de la UMA. La iniciativa, ya fue presentada por el líder de la bancada de MORENA en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal Ávila, quien al igual que el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, prevén que el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, seguirán con las viejas prácticas de entrometerse en las elecciones, con el acarreo de votos, usar las estructuras del gobierno favor de sus partidos, uso de recursos públicos para apoyar a ciertos candidatos y uso del dinero del narcotráfico.
Con la iniciativa presentada por Ricardo Monreal pretenden neutralizar de una vez por todas estas añejas prácticas que tanto daño han hecho al país, ya que han evitado que los candidatos con arraigo ciudadano lleguen al poder. Es decir, estas prácticas asegurarán que la voluntad popular no sea violentada y que personas que realmente quieren servir al pueblo lleguen a los puestos de elección popular.
La iniciativa de Monreal, propone: Castigar hasta con 15 años de prisión a quienes intenten manipular los resultados electorales o a quienes cometan dos o más delitos para alterar los comicios.
El objetivo de esta iniciativa, según Monreal, es fortalecer las penas en materia de fraude electoral; conducta que ha caracterizado históricamente a nuestro país y para sancionar la coparticipación dirigida a violentar el régimen democrático de nuestro país.
La iniciativa adiciona un artículo 20 bis a la Ley General en materia de delitos electorales y crea un tipo penal que busca persuadir a todos aquellos que intenten impedir elecciones libres y auténticas.
El nuevo tipo penal, establece que si dos o más personas se reúnen con la finalidad de alterar o manipular los resultados electorales o bien para realizar dos o más conductas tipificadas como delito, la pena que se impondrá será de 5 a 15 años de prisión y multa de mil 500 a 7,500 veces el valor diario de la UMA.
Sin embargo, esta misma iniciativa también propone castigar con una mayor penalidad a los gobernadores, a los funcionarios electorales del INE y a los dirigentes y funcionarios de los partidos políticos.
A este respecto, la iniciativa dice: “si al cometer el delito hubo violaciones graves, dolosas, sistemáticas o determinantes en detrimento de uno o más de los principios constitucionales, entonces, la pena podría llegar hasta los 22 años de prisión”.
La sanción aplicará cuando las conductas delictivas cuenten con la participación o el consentimiento de una servidora o servidor público o persona, funcionaria electoral, funcionaria partidista, aspirante a candidata independiente, precandidata o candidata.
En pocas palabras, esta pena de 22 años, aplicará a los gobernadores, a sus funcionarios, a los funcionarios electorales del INE y del IENN, así como a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).
Por último, hay que señalar que los gobernadores, como en el caso del gobernador panista de Nayarit, Toño Echevarría García, andan desesperados buscando la forma de ganarle a MORENA por las buenas o por las malas, ya que les urge dejar a un sucesor que venga a taparles todas las raterías que han cometido durante el ejercicio de su gobierno.
