Se propuso que las personas físicas con actividades empresariales al igual que las personas morales, la Federación, la Ciudad de México, estados, municipios y sus organismos descentralizados, retengan y enteren parte del IVA causado en la contratación de servicios

México; miércoles 24 de junio del 2020/agencias. -Con el objetivo de reforzar las acciones del Estado, el dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, propuso este martes reformar la Ley del Impuesto al Valor Agregado para combatir a las empresas fantasmas y la corrupción en el sector público vinculado con estas empresas.
El diputado con licencia aseveró que la propuesta concreta consiste en que las personas físicas con actividad empresarial, así como las personas morales, la Federación, la Ciudad de México, estados, municipios y sus organismos descentralizados, retengan y enteren parte del IVA causado en la contratación de servicios.
No obstante, dio a conocer mediante un comunicado, los servicios que presten integrantes del sistema financiero, así como a los servicios de agua potable, suministro de energía, mensajería, hospedaje, restaurantes, telefonía, internet y todos aquellos servicios de alta demanda, quedarían excluidos de dicha obligación.
Ramírez Cuéllar indicó que junto con la regulación ya existente, esta propuesta contribuiría a eliminar los incentivos para la compra y venta de facturas falsas sin incrementar la carga fiscal de los contribuyentes.
Refirió además que organismos internacionales han generado diversas recomendaciones de progresividad en la política fiscal.
Además, añadió, que ha sugerido la celebración de una Convención Nacional Hacendaria que permita cubrir los vacíos existentes en el esquema tributario mexicano.
Datos del Sistema de Administración Tributaria estiman que alrededor de 1.6 billones de pesos han sido facturados por las más de ocho mil 200 empresas publicadas en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, como emisoras de comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas.

“Estos recursos podrían entrar a las arcas del estado y contribuir al financiamiento de programas sociales. Lo anterior, ha sido un tema pendiente durante un largo tiempo, pero en este momento cobra relevancia debido a la crisis económica por la que atraviesa nuestro país”, agregó.