Santiago Nieto, titular de la UIF, aseguró que Peña Nieto, estuvo enterado de los mecanismos que permitían robar miles de millones de pesos

México; sábado 5 de diciembre del 2020/agencias.- Para Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), está claro: el ex presidente Enrique Peña Nieto estuvo enterado de los mecanismos que, durante su gobierno, permitieron el desvío de miles de millones de pesos de recursos públicos.
“No había posibilidades de que el Presidente no tuviera conocimiento de esta corrupción a alta escala que tuvimos en México”, aseguró Nieto Castillo, en una entrevista con La Jornada.
Reveló que la información aportada por el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya –señalado de participar en la red de sobornos de la firma brasileña Odebrecht y quien ofreció aportar información a las autoridades– permitió ampliar la investigación a 70 personas, entre ellas Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda, y David Penchyna, quien fue senador durante la discusión de la reforma energética y dirigió el Infonavit en el último tramo del sexenio pasado.
Dio a conocer que hay una nueva investigación por la venta de terrenos federales a bajo precio en Puerto Peñasco, Sonora, durante el tiempo en que Rosario Robles encabezó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y adelantó que también se presentó una denuncia contra Luis Miranda, secretario de Desarrollo Social durante una parte del gobierno de Peña Nieto, por haber legado bienes inmuebles de la Comisión Federal de Electricidad al Sindicato Mexicano de Electricistas.
La UIF está adscrita a la Secretaría de Hacienda. Hasta el gobierno anterior tenía un papel más bien discreto. Ahora es una de las instancias claves en la estrategia del gobierno federal contra la corrupción, una de las principales políticas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Santiago Nieto expuso que hace dos años, cuando asumió la titularidad, encontró una Unidad de Inteligencia Financiera “que servía para fines políticos, de presión a los opositores al gobierno de Peña Nieto, y era un mecanismo de extorsión que se complementaba con elementos de la (entonces) Seido (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada), actualmente privados de la libertad, que utilizaban la información de la UIF para actividades de extorsión a empresarios y a ciudadanos con flujo de efectivo importante”.
Relata que encontró listas de personas que eran investigadas, entre ellas periodistas. Se hacía, dijo, “un uso político de la institución para fines de carácter económico o de persecución política.
“La posición del presidente López Obrador es muy clara: cambiar esa dinámica hacia una de cumplimiento de las reglas del estado de derecho, particularmente en los temas relacionados con el combate a la corrupción.”
El funcionario apunta que la corrupción en México “era sistémica y los diseños institucionales para combatirla eran y siguen siendo en gran medida insuficientes”. Sostuvo que el Sistema Nacional Anticorrupción acusa carencias en cuanto a la vigilancia del uso de los recursos por parte de servidores públicos y de su entorno cercano.