Fueron encontrados el fin de semana pasado en el municipio de Camargo, Tamaulipas

México; jueves 28 de enero del 2021/agencias.- Diversas organizaciones civiles y de derechos humanos presentaron una denuncia para exigir la identificación de los 19 cuerpos calcinados que se encontraron el fin de semana pasado en el municipio de Camargo, Tamaulipas, así como una investigación efectiva por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), para evitar que los hechos queden en la impunidad.
En un pronunciamiento firmado por cientos de colectivos de México y el extranjero, así como de activistas y expertos a título personal, se indicó que lo ocurrido con las víctimas de esta agresión –quienes al parecer son ciudadanos guatemaltecos—implica violaciones graves de derechos humanos, no sólo por la no existencia de una estrategia de prevención de esos abusos, sino también por la falta de sanción a quienes en el pasado han cometido actos similares.
Las organizaciones –entre las que se encuentran la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Amnistía Internacional y Asylum Access, entre muchas otras—enfatizaron que esta nueva masacre lastima a las víctimas directas, tanto en México como en sus lugares de origen, y contribuye aun más al deterioro del tejido social de la región.
“La tolerancia de estos aberrantes crímenes demuestran la nula protección de la población migrante en México, los riesgos y la vulnerabilidad extrema en la que se encuentran frente a la crisis de violencia, desapariciones y ejecuciones que impera en el país y particularmente en estados fronterizos como Tamaulipas, donde grupos criminales ejercen el control territorial ya que son rutas de tráfico de personas que les reportan múltiples ganancias.
“La masacre ocurrida recientemente es producto de la impunidad, la indolencia y la falta de respuesta de México en cuatro masacres de personas migrantes previas ocurridas en Tamaulipas y otros estados fronterizos, como lo fueron el asesinato de 72 migrantes en agosto del 2010, las fosas clandestinas de San Fernando de 2011, la masacre de Cadereyta de 2012 y la masacre de Guemez de 2014”, puntualizaron.
En el mismo tono, las organizaciones señalaron que la militarización de las fronteras ha sido “una mera acción de persecución y criminalización de la migración que orilla a las personas a ponerse en manos de bandas de tráfico de personas”.
Pese a todo lo anterior, consideraron que estos hechos le dan a las autoridades “la oportunidad de hacer las cosas mejor, de cambiar el rumbo de nuestra política migratoria”, por lo que llamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y al canciller Marcelo Ebrard Casaubón a reconocer los riesgos y los delitos de los que son víctimas las personas migrantes en su tránsito por México, y adoptar medidas suficientes para prevenir ataques de particulares y autoridades.