*La Federación le exige al gobernador de Nayarit rinda cuentas sobre 4 mil millones de pesos de fondos federales que “desapareció”

México. Martes 06 de julio del 2021.- (Agencias).- De acuerdo a lo publicado por el sitio de noticias prestigiado, “Animal Político”, el cuarto mandatario saliente con la mayor cantidad de recursos posiblemente desviados es el panista, Antonio Echevarría García con 4 mil 711 millones de pesos observados por los auditores, cantidad similar a la presuntamente desviada también por el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez.

La Federación le exige al gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García que antes de irse, de dejar la administración, rinda cuentas de esos casi 5 mil millones de pesos de fondos federales que “desapareció”, de lo contrario la Auditoría Superior de la Federación podría presentar denuncias penales en su contra.

Los 15 gobernadores que dejarán sus cargos en los próximos meses no han esclarecido el destino o la utilización legal de casi 60 mil millones de pesos provenientes de fondos federales que fueron transferidos a sus estados, y que de acuerdo con auditorias oficiales podrían haber sido desviados o malversados de los objetivos para los que estaban etiquetados.

Todos están obligados a esclarecer el destino del dinero, pero de no hacerlo, señala la ASF, podría haber denuncias penales contra Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, aunque este es el que presenta la menor cantidad de irregularidades con 179 millones de pesos, pero principalmente contra Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, al que la ASF le detectó irregularidades por 16 mil millones de pesos. Podría ser uno de los primeros en caer a la cárcel, ya que es el que liderea el número de observaciones por malos manejos de las partidas federales.

Silvano Aureoles. Gobernador de Michoacán

El segundo mandatario saliente con el mayor monto observado por la ASF es Jaime Rodríguez Calderón mejor conocido como “El Bronco”, gobernador de Nuevo León. En total acumula irregularidades por 8 mil 721 millones de pesos, producto de 203 anomalías distintas.

En el caso de este estado la mitad de los recursos malversados están vinculados con transferencias realizadas bajo la denominada Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios.


En tercer sitio se ubica la administración del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Hurtado, quien durante su gobierno ha impulsado una fuerte ofensiva legal en contra de la administración de su antecesor Cesar Duarte por presuntos actos de corrupción. De acuerdo con la ASF, en su gestión hay posibles irregularidades por 8 mil 144 millones de pesos.

Las auditorias practicadas a la entidad gobernada por el panista arrojaron hasta ahora un total de 108 irregularidades en el manejo de partidas como el Seguro Popular, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del Estado, el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa, entre otros.

Javier Corral Hurtado. Gobernador de Chihuahua

De los quince gobernadores salientes sobre los que pesan observaciones de los auditores, ocho son emanados del PRI, cuatro son del PAN (Entre estos el gobernador de Nayarit), uno es de MORENA, otro del PRD y uno cuya candidatura fue independiente.

El actual presidente del PRI, Alejandro Moreno, es otro de los implicados en los malos manejos. Si bien se separó del cargo de gobernador de Campeche en 2019 tras cuatro años de gestión, su administración ha continuado bajo la dirección del mandatario suplente Carlos Aysa González. En total esta administración acumula irregularidades por tres mil 918 millones de pesos producto de 103 hechos irregulares que dañaron el erario.

Luego sigue el priista Héctor Astudillo Flores del estado de Guerrero. Las auditorías practicadas identifican 3 mil 528 millones de pesos cuyo destino aún no ha sido aclarado producto de 116 irregularidades detectadas en la administración de este gobernador.

José Ignacio Peralta Sánchez. Gobernador de Colima.

Después se ubica la gestión del gobernador de Zacatecas Alejandro Tello Cristerna, quien acumula irregularidades por 2 mil 413 millones. Le sigue otro mandatario del PRI, Juan Manuel Carrera López de San Luis Potosí, con 2 mil 337 millones de pesos resultado de 148 acciones anómalas en el ejercicio de los recursos. 

El aún gobernador de Baja California Sur, el panista Carlos Mendoza Davis, heredará a su sucesor un faltante en el erario estatal de 1 mil 802 millones de pesos.

Los otros cinco gobernadores salientes registran observaciones por debajo de los mil millones de pesos. Entre ellos destaca el caso del gobernador de Baja California, el morenista Jaime Bonilla, quien en apenas un periodo de dos años de su gestión ya suma 809 millones de pesos observados.

Le siguen Marco Antonio Mena Rodríguez de Tlaxcala con 708 millones de pesos desviados; Claudia Pavlovich en Sonora con irregularidades por 536 millones de pesos; y Quirino Ordaz Coppel, gobernador de Sinaloa, con cerca de 304 millones de pesos observados.

Destaca en su reportaje Animal Político, que aunque la ASF ha reportado año con año que los fondos federales son manejados de manera irregular en los estados, hasta ahora ningún mandatario estatal ha enfrentado consecuencias legales por estos hechos. Las indagatorias, a lo sumo, se han enfocado en funcionarios de menor rango sin que existan sentencias condenatorias.

En el caso de los quince gobernadores salientes, por ejemplo, pese a que los auditores han documentado (en algunos casos desde 2015) la existencia de más de 1 mil 600 irregularidades, hasta ahora solo se ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República.

Lo anterior obedece a que por procedimiento la ASF concede un plazo discrecional para que los distintos gobiernos traten de justificar el destino o utilización que tuvieron los recursos mal manejados, o en su caso los devuelvan.

No obstante, la presentación de denuncias tampoco ha garantizado hasta ahora la devolución de los recursos mal manejados. Prueba de ello es el caso del gobierno de Javier Duarte en Veracruz sobre el cual pesan 62 denuncias penales por la desaparición de casi 61 mil millones de pesos, dinero que hasta la fecha sigue sin ser repuesto por los exfuncionarios denunciados.

Aunque Duarte es el gobernante en cuya administración se ha desviado la mayor cantidad de recursos públicos, él no se encuentra procesado por delitos de corrupción. La sentencia que lo mantiene hasta ahora en prisión fue por lavado de dinero y asociación delictuosa.

Esperemos que ahora sí se aplique justicia a los ciudadanos que fueron robados por sus gobernadores que llegaron a hacerse ricos a costillas del pueblo.