Tepic, Nayarit a 8 de julio del 2021.

Bayer-Monsanto va contra el Estado mexicano, la firma farmacéutica con más de 50 subsidiarias que cotizan en bolsas en todo el mundo cambió su estrategia jurídica con el objetivo de extender el tiempo de uso de los agroquímicos en el país.

Bayer-Monsanto enfrenta al Estado mexicano

De acuerdo con una copia de la demanda Bayer-Monsanto demanda al Estado mexicano por posibles pérdidas financieras. La firma farmacéutica con más de 50 subsidiarias que cotizan en bolsas en todo el mundo, cambió su estrategia jurídica con el objetivo de extender el tiempo de uso de los agroquímicos en el país.

La batalla jurídica comenzó con la promulgación de un decreto presidencial publicado en diciembre de 2020 donde el gobierno federal prohíbe el uso de glifosato en el territorio nacional, uno de los principales productos de Bayer-Monsanto, tras calificarlo como inseguro para la salud. Hasta el momento, sólo se conocen dos juicios promovidos directamente por Bayer-Monsanto contra México.

La más reciente de las demandas ocurre meses después de que el jurado popular de Oakland, en Estados Unidos, sentenciara a Bayer-Monsanto con una multa de 2 mil millones de dólares por considerar que uno de sus herbicidas causó cáncer a una familia de campesinos en dicha zona.

Pero sus abogados aprendieron la lección. A diferencia del juicio en Estados Unidos, Bayer-Monsanto en México ya no declara que el glifosato no sea un agente cancerígeno, ahora exige su derecho a comerciar aunque envenenado campesinos en más regiones. Aunque la empresa y sus representantes legales continúan desestimando las pruebas científicas y la peligrosidad, en realidad buscan responsabilizar al país por las pérdidas monetarias millonarias que pudieran surgir tras la aplicación del decreto.

Bayer-Monsanto responsabiliza a México por pérdidas que deriven de la aplicación del decreto presidencial. Ese tema tiene una posible relación a la presión de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) a México debido a que la importación de glifosato en el país es una de las discusiones que surgieron en la reunión de la Comisión de Comercio Internacional del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Para Evangelina Robles, activista y abogada agraria de la Red en Defensa del Maíz, la nueva característica en la litis, solamente se trata de “un intento de conseguir suspensiones en tribunales de manera fácil”. Es decir, ganar más tiempo comerciando con la sustancia.

Aunque ambas demandas forman parte de la misma estrategia judicial, así es como nace un cambio de paradigma del segundo proceso. Se trata de una nueva estrategia derivada del primer intento fallido de la firma por enfrentar el decreto.

En documentos se refleja que en dicho juicio de amparo numeral 313 del Tribunal sexto de distrito Administrativo, el juez Francisco Javier Rebolledo Peña ya había negado a Bayer-Monsanto una primer Suspensión Definitiva bajo el argumento de que México era firmante de la Declaración de Río, en la que se reitera la adhesión al Principio de Precaución.

El Principio de Precaución fue concebido por primera vez en los años 80 del siglo pasado y popularizado en la conferencia de Río de 1992. Es actualmente parte fundamental del derecho internacional ambiental, pues se considera que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza.

Esa poderosa herramienta jurídica ha logrado ser evadida en otros países de América Latina (como Colombia), argumentando “Seguridad Nacional”. Es decir, casos como el de Bayer-Monsanto contra Colombia revelan que el Principio de Precaución no siempre ha sido ponderado en tribunales administrativos.

Los antecedentes legales mexicanos

El problema con Bayer-Monsanto se originó desde su llegada comercial a México pero detona con el decreto en cuestión. Desde la promulgación del dictamen de la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, hubo conflicto debido a que fue determinada como “Ley Monsanto”, haciendo referencia a que fortalecía el uso de agrotóxicos en el campo.

Esa legislación fue aprobada bajo la presidencia de Vicente Fox en 2005, el mismo año en que Alfonso Romo Garza, ahora exjefe de oficina de la Presidencia de la República para Andrés Manuel López Obrador y principal financiador en su momento de la campaña presidencial de Fox Quesada, perdió las acciones de su empresa Savia S.A. de C.V. en un conflicto familiar y a partir del cual fue nombrado director de una subsidiaria de Bayer-Monsanto.

En 2005, Romo Garza, quien ahora mismo posee 17 razones sociales registradas ante el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) de la Secretaría de Economía, fue destituido por su propio suegro, Alejandro Garza Lagüera, de las acciones en Savia S.A. de C.V. tras revelarse que había adquirido importantes sumas de dinero con una transacción realizada en 2003.

Dicha transacción y la aprobación de la Ley Monsanto (promovida por Vicente Fox) tienen relación entre sí, dado que Alfonso Romo vendió a la firma californiana Fox Paine la firma Seminis, de la cual era dueña Savia, que a su vez era controlada en 75% por Romo. Más adelante Fox Paine subastaría un plan de fusión millonario con Monsanto. Es decir, la Ley a favor de los agrotóxicos entró en vigor el mismo año en que llegó a la Presidencia de la República Vicente Fox, bajo el mecenazgo de uno de los accionistas de la empresa con mayor interés en dicho mercado.

Alejandro Garza Lagüera, suegro de Alfonso Romo, pretendía desconocer el contrato de compra venta (Seminis/Fox Paine) debido a que: “No confiaba en su visión empresarial”. Pese a la destitución de Romo en Savia, la transacción sí se realizó en 2003 y tuvo un valor de 650 millones de dólares.

Dos años después, en enero de 2005, “Romo y sus socios de Fox Paine firmaron un acuerdo y plan de fusión con Monsanto a cambio de mil 500 millones de dólares en efectivo, asumir deuda y comprometerse a dar un bono de rendimiento de hasta 125 mdd pagaderos a una compañía llamada Marinet, propiedad de los socios de Romo”, según Forbes citando a The Wall Street Journal.

Además de las autorizaciones de comercialización, la empresa Bayer de Mexico, S.A. de C.V. fue beneficiada con 458 contratos públicos por un monto de 3 mil 413 millones 33 mil 756.06 pesos entre los años 2000 y 2021, de acuerdo con información de Compranet ubicada en QuiénEsQuién.Wiki.

Más recientemente, Alfonso Romo fue uno de los hombres señalados por el extitular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo, por formar parte del grupo de luchas de poder empresarial dentro del gabinete obradorista. Dicha acusación daría cabida a la renuncia de Toledo como Secretario de Estado. Pero el conflicto, señalado por Toledo, supera el de las disputas corporativas o políticas para convertirse en un problema de salud y seguridad nacional.

Bioseguridad a la mexicana y conflictos civiles

Actualmente es imposible saber en qué regiones de México existen casos de complicaciones a la salud derivadas del uso de agrotóxicos y tampoco se puede identificar o localizar a las empresas que pulverizan estos químicos. Lo que sí se puede identificar en la mayoría de los casos son las fórmulas o compuestos químicos en estudios sanguíneos o renales de las personas, los cuales son asociados a las empresas que los patentan.

Lo anterior se debe a que no existe un mapa donde los mexicanos puedan analizar las zonas donde la industria pulveriza agrotóxicos, explicó a Evangelina Robles abogada y líder de la Red en Defensa del Maíz.

A decir de Robles, las pocas herramientas con las que cuenta el estado mexicano para su defensa son apenas un par de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el decreto presidencial promulgado a finales de 2020 y un respaldo intelectual de algunos grupos de académicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que independientemente han publicado numerosos estudios académicos abogando por alternativas de bioseguridad al glifosato.

En general, las únicas razones sociales con autorización para comercializar el glifosato son 170 firmas, 22 de los cuales corresponden a la razón social de Bayer-Monsanto, según la Consulta de Registros Sanitarios de Plaguicidas de la Comisión Federal para la Previsión de Riesgos Sanitarios (Cofepris).

El glifosato es el principal activo de Bayer y el motivo por el cual compró a la firma Monsanto. Entre 1974 y el año 2000, Monsanto sostuvo la patente en todo el mundo, y posteriormente a ello ya en ciertas regiones se ha podido comercializar con otras marcas, aunque en el mercado mundial la fórmula Round Up, de Monsanto, es la primera en ventas. Algunos de los casos reconocidos en México son el de Autlán de Navarro en Jalisco y el de la industria tabacalera en la Sierra Wixárika del estado de Nayarit.

Tras la llegada de los agrotóxicos en el país se desbordó una batalla por la remediación ambiental sin precedentes. La principal causa fue el uso desmesurado de agrotóxicos diversos comercializados principalmente por Bayer, no sólo glifosato.

En ese contexto, el 10 de marzo de 2005 fallecieron dos jornaleros por intoxicación del insecticida Tamaron, también creado por Bayer-Monsanto: Miguel Hernández Hernández (16 años) y Jesús Azuara Hernández (15 años). La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit emitió la recomendación 21/05 en la que principalmente se exigió la elaboración de un diagnostico sobre la situación del campo en Nayarit con el objetivo de identificar el origen del problema.

El documento denominado Jornaleros Agrícolas Migrantes de Nayarit 2007 , buscaba terminar con la discriminación y maltrato hacia los trabajadores agrícolas y estaba dirigido a diversas instancias de gobierno. El 19 de julio de 2009, cuatro años después de emitida la recomendación, esa Comisión informó que la secretarías estatales de Desarrollo Rural, Desarrollo Económico y Salud, así como el Departamento de Previsión Social y el Consejo Consultivo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas habían incumplido la recomendación 21/05.

El otro caso ocurrió en agosto de 2019, cuando un grupo de académicos de una comunidad en Autlán de Navarro del estado de Jalisco, México, reportaron que 93 niños (de 3 a 15 años de edad) resultaron positivos a pesticidas en su organismo y el 100% de los adolescentes de la telesecundaria donde se realizó el estudio resultaron con pesticidas en la orina. Dicha solicitud de investigación se realizó debido a una exigencia de las madres de familia a investigadores del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y de la Universidad de Guadalajara (UdeG), debido a complicaciones en la salud de los estudiantes.