El gobierno mexicano alega que los fabricantes y proveedores inundan a propósito el mercado con armamento atractivo para los cárteles. Funcionarios dijeron que los daños ascenderían a 10.000 millones de dólares.

México; miércoles 4 de agosto del 2021/agencias. En una acción inédita, el gobierno mexicano presentó el miércoles una demanda en Estados Unidos contra 11 fabricantes y proveedores de armas, acusándolos de facilitar de manera negligente el flujo de armas a los poderosos cárteles de la droga y facilitar un tremendo derramamiento de sangre en México.

La demanda, presentada en un tribunal federal de Massachusetts, acusa a empresas como Smith & Wesson y Colt de diseñar, comercializar, distribuir y vender armas “de maneras que saben que proveen rutinariamente a los cárteles de la droga en México”.

“Durante décadas, el gobierno y sus ciudadanos han sido víctimas de una mortífera avalancha de armas de estilo militar y otras particularmente letales que fluyen desde Estados Unidos a través de la frontera”, dice la demanda. La avalancha de armamento es “el resultado previsible de las acciones y prácticas comerciales deliberadas de los demandados”.

Las autoridades mexicanas llevan mucho tiempo culpando a los fabricantes de armas y a las laxas regulaciones estadounidenses en materia de armas de desempeñar un papel en la creciente violencia del país. Pero las autoridades dijeron que esta es la primera vez que un gobierno nacional presenta una demanda contra empresas de armas en Estados Unidos.

México tiene leyes estrictas que regulan la venta y el uso privado de las armas, y los grupos de narcotraficantes del país suelen armarse con armas de contrabando que obtienen a través de la frontera. El Departamento de Justicia encontró que el 70 por ciento de las armas de fuego sometidas a seguimiento en México entre 2014 y 2018 se originaron en Estados Unidos.

Estas armas “están íntimamente vinculadas a la violencia que México vive hoy”, dijo el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard en una conferencia de prensa el miércoles.

El gobierno mexicano indicó en la demanda que las leyes estadounidenses sobre armas inciden directamente en la violencia de México. Cuando la prohibición de las armas de asalto en Estados Unidos terminó en 2004, dijo el gobierno, los fabricantes de armas “aprovecharon la apertura para aumentar enormemente la producción, en particular de las armas de asalto de estilo militar favorecidas por los cárteles de la droga”.

Al mismo tiempo, los asesinatos en México comenzaron a aumentar, alcanzando niveles récord en 2018, cuando más de 36.000 personas fueron asesinadas en todo el país.

La demanda fue presentada un día después de que Ebrard asistiera a una ceremonia en conmemoración de las 23 personas asesinadas por un hombre armado en una tienda Walmart de El Paso, Texas, en 2019, entre ellas varios ciudadanos mexicanos.

A pesar de la promesa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador ese año de frenar el derramamiento de sangre atacando la raíz de la violencia, una estrategia que llamó “abrazos, no balazos”, hasta ahora las autoridades han sido incapaces de frenar la carnicería.

Desde la aplastante victoria de López Obrador hace tres años, los asesinatos han disminuido menos del 1 por ciento. En lo que va de año, más de 16.000 personas han sido asesinadas en México, según cifras del gobierno.

No está claro qué posibilidades tiene el gobierno mexicano de prevalecer en su demanda. Una ley federal estadounidense de 2005 otorgó a los fabricantes de armas una amplia inmunidad para evitar que las víctimas de la violencia con armas de fuego y sus familiares los demanden. Pero el presidente Joe Biden ha expresado en repetidas ocasiones su apoyo a la derogación de la ley.

Funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijeron que el objetivo final de la demanda era conseguir que los fabricantes de armas estadounidenses sean más responsables en la venta y comercialización de sus armas. La demanda no especifica a cuánto asciende la indemnización que solicita el gobierno, pero los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores dijeron que habían calculado hasta 10.000 millones de dólares en daños potenciales.